En 2007, según el Instituto Nacional de Estadísticas, 1,2 millones de personas, de un total de 5,6 millones de activos, se habían declarado trabajadores independientes o "recibos verdes", llamados así por el color de las facturas que reciben quienes contratan sus servicios.
Entre ellos, más de la mitad, entre 600.000 y 900.000 según las fuentes, son falsos "trabajadores independientes", empleados por las empresas, e incluso por las administraciones, que evitan así el costo de un contrato y disponen de total libertad para deshacerse de sus servicios en cualquier momento.
El primer ministro portugués, José Sócrates, denunció recientemente esta "flagrante injusticia" y prometió medidas, como una reforma del código de trabajo, que fue sometida el miércoles a los actores sociales.
En tanto que prestatarios de servicios, los "recibos verdes" no tienen derecho ni al desempleo ni a las vacaciones pagadas y deben costearse solos la seguridad social.
"Hace cuatro años que entrego recibos verdes y no tengo ninguna perspectiva de regularizar mi situación", denuncia un autónomo que trabaja para un instituto público, en un blog del movimiento contra la precariedad FERVE.
"En mi lugar de trabajo, somos una treintena en las mismas condiciones. Estamos indignados pero tenemos las manos atadas", afirma.
"La situación es preocupante", confirma a la AFP el inspector general de trabajo Paulo Morgado de Carvalho, que denuncia "la ilegalidad de numerosos trabajadores independientes que no lo son en realidad y que deberían tener un contrato".
La reforma del código laboral presentada por el gobierno prevé un paquete de medidas para limitar esta práctica, reforzando las obligaciones de las empresas así como las sanciones.
Los patrones deberán pagar, según el nuevo texto, un 5% de las cotizaciones sociales para los "recibos verdes" y en caso de fraude, se expondrán a multas de hasta 57.000 euros. En cambio, recibirán ventajas fiscales por la firma de contratos indefinidos.
Unas propuestas juzgadas empero insuficientes por el movimiento FERVE, que estima que "legitiman una práctica ilegal", según su fundadora, Cristina Andrade. Estos trabajadores seguirán "saliendo más baratos", denuncia.
"Para una misma función, si un trabajador con contrato indefinido gana 1.000 euros, un ‘recibo verde’ percibe 550 euros", afirma por su parte el abogado especialista en derecho laboral Antonio Garcia Pereira.
"Para el patrón, esta práctica es extremadamente rentable. Una carga suplementaria del 5% no cambiará gran cosa", observa.
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