En rueda de prensa, posterior a la citada reunión, Jiménez indicó que el objetivo de la cita era explicarles la directiva europea, cómo ésta afecta a la normativa española, y solucionar las dudas al respecto a los representantes en España de los gobiernos iberoamericanos. La secretaria de Estado afirmó que la política migratoria española está ‘consolidada’, que respeta los derechos de los ciudadanos, independientemente de su situación administrativa, y garantiza los debidos procedimientos judiciales en los procesos de retorno.
Además, aseguró que en España no se ampliará ‘nunca’ el periodo de detención a 18 meses, periodo máximo fijado en la normativa común. Garrido y Jiménez subrayaron que la política española ‘no va a cambiar’ porque el Gobierno defiende la inmigración como un ‘fenómeno positivo y enriquecedor de nuestra sociedad’, y por ello debe ser ‘legal’. Las modificaciones europeas, añadieron, suponen ‘mejora de los derechos de los inmigrantes en situación irregular’.
En ese sentido, Garrido explicó que trasladaron a los representantes diplomáticos iberoamericanos un ‘mensaje de tranquilidad’ porque los inmigrantes no se van a ver sometidos a procesos de ‘expulsiones masivas’ ni ‘deportaciones de menores’, sino que la directiva europea, que ‘se refiere a la migración ilegal’, viene a armonizar las políticas de los distintos países miembro para establecer procedimientos que mejoren los derechos de los inmigrantes en situación irregular.
La secretaria de Estado para Iberoamérica manifestó que la política migratoria europea supera, mejora y garantiza las condiciones de la legislación española en esa materia, por lo que no va a ‘trasponer’ la norma jurídica ya que ‘la nuestra es más garantista’.
Por otra parte, Jiménez destacó que el Gobierno defiende los flujos migratorios en función de las necesidades del mercado laboral con contratos en origen; las garantías de todos los derechos y deberes a los ciudadanos que vivan en España; la lucha contra la explotación de seres humanos y contra quienes tratan de aprovecharse de ellos; así como la cooperación con los países de origen para evitar que las personas tengan que emigrar.
DERECHOS FUNDAMENTALES.
La secretaria de Estado indicó que España ha apoyado la nueva directiva de retorno europea, que entrará en vigor a partir de 2010, porque ‘era necesario armonizar la política comunitaria’, y establecer unos mínimos y unos máximos en los tiempos de detención, y también unos objetivos o límites que las respectivas legislaciones nacionales deberán respetar.
López Garrido precisó que entre otras cosas, se pretende que ‘incluso’ los inmigrantes en situación ilegal ‘también tengan todos los derechos y garantías procesales, independientemente de la situación legal de cada persona’.
El secretario de Estado para la Unión Europea celebró la ‘actitud constructiva y positiva’ que mantuvieron en la reunión –celebrada en el ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación– los embajadores de los países de América Latina y consideró que ‘esta labor explicativa era necesaria’ para disipar sus dudas. Agregó que el clima de la convocatoria fue ‘receptivo’ por ambas partes y que han ofrecido a los diplomáticos extranjeros la posibilidad de una próxima reunión con los ministros del Gobierno español relacionados con la materia.
López Garrido achacó la preocupación mostrada por los Gobiernos del subcontinente americano a la ‘desinformación’ e incluso a los ‘mensajes opuestos’ a la realidad por parte de algunos ‘medios de comunicación’, e insistió en que ‘no hay propósito de endurecer las condiciones de vida de los inmigrantes’ ya que los cambios en la directiva de retorno tienen la función de ‘mejorar’ la situación.
Sobre la propuesta formulada por el ministro de Trabajo y Migraciones, Celestino Corbacho, –de ampliar el plazo de detención en España de 40 a 60 días– Trinidad Jiménez explicó que se trató de una ‘reflexión’ realizada porque en ocasiones el tiempo material para el cumplimiento de los procesos no es suficientes, pero aseguró que eso no tiene que ver con la aprobación por los Veintisiete de la nueva directiva de retorno.
Finalmente, Jiménez y Garrido expusieron las principales preocupaciones manifestadas por los embajadores que participaron en la reunión. Estas fueron la posibilidad de cambios en la Ley de Extranjería, hecho que, según Jiménez, no va a suceder, ya que ‘el retorno está previsto desde hace años’ en la legislación de España, pero también en la de los países iberoamericanos; y el posible endurecimiento de la legislación sobre los migrantes.
‘Queremos una migración lega y ordenada’, acotó Jiménez, que esperó que los embajadores de los países de América Latina así ‘se lo transmitan a sus gobiernos’ para que puedan solucionarse los posibles ‘malentendidos’.
A la reunión asistieron representantes diplomáticos de veinte países de la región, de los cuales en su mayoría fueron embajadores. Entre ellos se encontraba el embajador de Venezuela en España, Alfredo Toro Hardy, cuyo presidente, Hugo Chávez, amenazó la semana pasada con cortar el suministro de petróleo a los países de la Unión Europea si aplican la nueva directiva y de revisar las inversiones que esos países tienen en el país sudamericano. También participaron el embajador de Ecuador, Nicolás Issa Obando; de Paraguay, Óscar Cabello; de Perú, José Luis Pérez Sánchez-Cerro. En representación de la legación diplomática boliviana en España acudió el encargado de negocios, Álvaro del Pozo Carafa.
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