Con esta nueva iniciativa, que se une a las ya aprobadas por el Ejecutivo en materia económica, Zapatero pretende hacer frente al menor crecimiento económico de la economía española, que ha pasado del 3,8% en 2007 a crecer en el entorno del 2% en el segundo trimestre del año, y a su menor capacidad para crear empleo, lo que ha llevado a la tasa de paro a rozar el 10% de la población activa.
El jefe del Ejecutivo trata así de anticiparse, por un lado, a las críticas de pasividad e inacción que recibe desde todos los partidos de la oposición, y por otro, intenta calmar los ánimos de familias y empresas, que han vuelto a colocar la economía y el paro entre sus principales preocupaciones.
Éste es el segundo año en el que el presidente del Gobierno presentará un informe económico. En 2007 lo hizo en la Bolsa de Madrid y este año el escenario será el Consejo Económico y Social (CES), donde están representados sindicatos, empresarios y otros agentes económicos.
Este nuevo conjunto de medidas que anunciará Zapatero y que afectarán a varios ministerios, se suma al paquete económico que aprobó hacia varios meses el Gobierno y que incluye, entre otras actuaciones, la deducción de 400 euros en el IRPF para trabajadores, asalariados y pensionistas, que comenzará a percibirse en la nómina de este mismo mes y que pondrá en el bolsillo de los contribuyentes unos 6.000 millones de euros.
También en el ámbito fiscal ha entrado en vigor la mejora en el tratamiento tributario de las rehabilitaciones de edificios, al poder recuperar el IVA soportado. Las obras realizadas en un edificio se considerarán rehabilitación cuando su coste supere el 25% del precio de adquisición del inmueble, sin incluir, como hasta ahora, el precio del suelo.
Además de la rebaja del IRPF, se ha suprimido también el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en la ampliación de plazos hipotecarios y los gastos de gestoría y notaria en estas mismas operaciones, medida que ha beneficiado ya a 350 familias.
Por otro lado, el Ejecutivo ha ampliado en 2.000 millones de euros el aval que el Estado concede para la titulización de créditos a las pymes, pasando de 1.000 millones a un total de 3.000 millones. Con esta medida se pretende reforzar el apoyo financiero de los bancos a la pequeña y mediana empresa y reducir los costes a los que éstas se enfrentan.
Junto con todas estas medidas, que ya han entrado en vigor, el Gobierno ha enviado al Consejo de Estado un anteproyecto de Ley, que se aprobará en los próximos meses. El texto recoge la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio desde el 1 de enero de 2008, con lo que el próximo año los contribuyentes beneficiados no tendrán que hacer la declaración de patrimonio correspondiente y se ahorrarán unos 1.800 millones de euros.
Este anteproyecto de Ley incluye también las devoluciones mensuales de IVA desde enero de 2009, que permitirá anticipar a las empresas unos 6.000 millones de euros.
Y SE HA ABIERTO EL DIÁLOGO SOCIAL.
Además, el Gobierno ha dado inicio al diálogo social para pactar con sindicatos y empresarios nuevas medidas que contribuyan a la recuperación económica. El comienzo ‘formal’ de este proceso tuvo lugar el pasado miércoles en el Palacio de La Moncloa con la presencia de Zapatero, los secretarios generales de CC.OO. y UGT, José María Fidalgo y Cándido Méndez, y los presidentes de CEOE y Cepyme, Gerardo Díaz Ferrán y Jesús Bárcenas.
Todos ellos se comprometieron a trabajar para ayudar a España a salir de la crisis y a tal fin elaborarán un documento antes del 31 de julio en el que detallarán los objetivos y el temario de discusión del diálogo social para esta legislatura. El propio Zapatero ha decidido coordinar la agenda como muestra de su confianza y compromiso con el diálogo social.
Aunque esa ‘hoja de ruta’ no será aprobada hasta dentro de unas semanas, Zapatero ha avanzado algunas cuestiones que quiere debatir con sindicatos y empresarios, entre ellas una reforma de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) para incrementar su eficacia y una reforma de la formación profesional para buscar una mejor adecuación de los procesos formativos a la demanda de empleo.
El jefe del Ejecutivo también quiere discutir sobre política industrial e incluso de las pensiones, pues no ha descartado que tenga que emprenderse en esta legislatura una nueva reforma en la Seguridad Social si así lo decide el Pacto de Toledo.
El cambio del modelo productivo será otro tema ‘estrella’ del diálogo social. El Gobierno y los agentes sociales coinciden en que basar el crecimiento económico en la construcción, como ha ocurrido en los últimos años, genera empleos de baja calidad y poco productivos, por lo que apuestan por asentar el modelo económico en otros sectores, más productivos y con mayor valor añadido.
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