Imperial Tobacco, propietario desde principios de año de la tabaquera francesa Altadis, pagará no menos de 80.000 euros de indemnización a algunos delos trabajadores que acepten el despido o, como dice en su oferta de reestructuración la multinacional, la «baja incentivada». Según informa el responsable de la Federación de Agroalimentación de UGT en l’Alacantí, Agustín Pérez, los 90 trabajadores que con menos de 52 años prevé indemnizar la empresa (so pena que no acepten el traslado a Logroño o a Cantabria) podrán recibir 45 días de salario por año de servicio (el máximo que establece la legislación laboral) con un límite de 42 mensualidades.
Según fuentes sindicales, hay un colectivo muy importante de trabajadores con más de dos décadas de historia laboral en Altadis. Son trabajadores con menos de 52 años que han vivido ya otro traslado, ya que pertenecían a las plantillas de las fábricas de cigarrillos de Marid y Valencia y de cigarros puros de Málaga. Estos cierres se concretaron en el año 2000 y 2001. Sólo procedentes de Valencia, hay unos cien trabajadores en la actual plantilla en Alicante.
Aunque las prejubilaciones podrían beneficiar a no menos de 250 de los 338 trabajadores afectados, un numeroso grupo de empleados, muchos de ellos desplazados previamente desde Valencia o Málaga, han cogido la bandera de las movilizaciones y la reivindicaciones. Así, pese a que el día de la noticia, el pasado jueves, celebraron varias asambleas informativas en la factoría hasta las 24 horas, a primera hora del viernes se entrevistaron con la alcaldesa de Mutxamel, Asunción Llorens, que es empleada de Altadis excedente desde hace cuatro años por cargo público, con el diputado nacional Guillermo Bernabeu y con otros cargos socialistas.
En la mascletà
Al mediodía , no desperdiciaron la ocasión de hacerse notar en el epicentro de la fiesta de Hogeras. Así, un grupo de unos 25 operarios de los cuatro sindicatos representativos, solicitaron un encuentro al alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, así como su colaboración y lucha en defensa de los intereses laborales del colectivo más afectado por la reestructuración de Imperial.
Según explica el portavoz de los trabajadores en Altadis Alicante y responsable de la sección sindical de CC OO, Ángel de Francisco, «en menos de 48 horas desde que se ha producido la noticia, nos hemos puesto el mono de faena y hemos ido a ver al alcalde para pedirle una cita». El grupo se plantó en las proximidades de la Plaza de Luceros, donde se disparó la segunda mascletà. «Alperi nos ha dicho que va a ofrecer todo su apoyo político y que va a mejorar nuestras condiciones laborales en la medida de sus posibilidades», apunta De Francisco. El dirigente sindical sólo destacó una sombra sobre el encuentro de ayer: «El alcalde nos ha dicho que esperemos, que no nos movilicemos ahora en fiestas y que disfrutemos de las Hogueras, pero debería saber que no estamos precisamente para disfrutar de la fiesta y nos ha sentado algo mal». El alcalde Díaz Alperi es el único político que ha criticado públicamente la marcha de Altadis de Alicante y ha aplaudido la profesionalidad de la plantilla, frente al silencio prácticamente sepulcral del Gobierno valenciano.
El portavoz sindical de Altadis en Alicante asegura que el diputado socialista nacional Guillermo Bernabeu «dice que nos abrirá las puertas del Ministerio de Industria». También solicitan una reunión urgente con la consellera de Industria, Belén Juste, cuyo departamento se ha limitado, como Presidencia de la Generalitat, a decir que la postura de Altadis de cerrar en Alicante tras dos siglos de historia tabaquera «es una decisión de una empresa privada».
De Francisco asegura que hay movilizaciones a la vuelta de la esquina, «sobre todo, para evitar al máximo los traslados». La lucha sindical reside en la recolocación en empresas del área metropolitana de Alicante, incluida Mutxamel, de los 90 trabajadores con menos de 52 años, muchos de ellos procedentes de Málaga de un primer expediente de regulación que obligó al traslado en el año 2001. «Muchos somos jóvenes, con niños pequeños y con un piso nuevo y una hipoteca muy larga», destaca. La clausura de la fábrica de tabacos ha acabado por dividir a la plantilla y a los propios sindicatos. De hecho, el secretario del comité, Vicente Roca, de UGT, que es prejubilable y procede de un traslado de Valencia, dijo ayer, desde esta ciudad, a este diario que «no se prevén movilizaciones, ya que la mayoría de los 338 trabajadores afectados van a ser prejubilados».
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