26 de noviembre de 2024
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Chávez amenaza a Europa por la directiva de retorno de inmigrantes indocumentados y Solana califica la advertencia de desproporcionada

Chávez amenaza a Europa por la directiva de retorno de inmigrantes indocumentados y Solana califica la advertencia de desproporcionada

Javier Solana, Alto Representante de Política Exterior de la UE, ha calificado de "totalmente desproporcionada" la advertencia del presidente venezolano, Hugo Chávez, de que revisará las inversiones en Venezuela de los países que apliquen la directiva de retorno de inmigrantes indocumentados.

"Yo respeto lo que pueda decir el presidente Chávez, pero me parece que es una declaración, a mi juicio, totalmente desproporcionada", ha señalado.

Chávez anunció ayer que el Gobierno venezolano revisará las inversiones en Venezuela de los países que apliquen la directiva europea para la expulsión de inmigrantes indocumentados, recientemente aprobada por el Parlamento Europeo y respaldada unánimemente por los veintisiete gobiernos de la Unión Europea.

El presidente venezolano, que calificó de "indignante" la iniciativa y la denominó "directiva del bochorno", advirtió de que el petróleo de Venezuela "no irá" a los países que adopten la medida.

La amenaza de Chávez se produjo al mismo tiempo que los dirigentes de la Unión Europeaque celebraban en Bruselas su cumbre semestral.

La directiva de retorno tiene como objetivo armonizar dentro de la UE las condiciones de retención y expulsión de inmigrantes "sin papeles".

El Parlamento Europeo se pronunció el miércoles pasado a favor de esta legislación, sin introducir ningún cambio en el texto que había sido acordado por el Consejo de ministros de la UE.

La directiva, a la cual deberán adaptarse los ordenamientos nacionales una vez entre en vigor, establece un período de siete a treinta días para que los inmigrantes abandonen el país de forma voluntaria. Fija el periodo máximo de retención en 6 meses, ampliable a 18 en casos excepcionales. Además, a los indocumentados que hayan sido deportados se les prohibirá entrar legalmente en territorio comunitario durante un periodo máximo de cinco años .

Además de Venezuela, practicamente todos los gobiernos latinoamericanos se ha pronunciado en contra de la directiva.

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