Las investigaciones se iniciaron en diciembre de 2007, cuando la Guardia Civil detectó los contratos irregulares que estaban realizando algunos empresarios de la construcción a ciudadanos extranjeros, que una vez en España, no llevaban a cabo la función laboral para la que supuestamente se les había contratado.
Las primeras investigaciones de la Guardia Civil permitieron descubrir que estos trabajadores habían pagado importantes cantidades de dinero en sus países de origen por estos contratos.
Posteriormente se consiguió averiguar que un empresario español, otro ecuatoriano y otro marroquí, con residencia en Segovia, estaban obteniendo importantes beneficios facilitando los contratos a personas principalmente de origen marroquí, aunque también se han detectado trabajadores búlgaros, colombianos y ecuatorianos.
Ante la posibilidad de que estos hechos pudieran tener unas ramificaciones y un número de afectados importantes, la Guardia Civil estableció unos dispositivos de investigación que culminaron con la detención de once personas, siete de ellas en Segovia, y el resto en Alicante, Murcia y Pamplona.
Asimismo, se localizaron 31 posibles víctimas (7 marroquíes, 1 búlgaro, 1 ecuatoriano y 2 colombianos) que habían pagado diferentes cantidades de dinero por su contrato de trabajo y que, en algunos casos, no habían trabajado ni un solo día en la empresa contratante y que no sabían que firmaban la baja voluntaria
Los empresarios captaban al trabajador en su país de origen a través de intermediarios y le pedían una cantidad de dinero que rondaba entre los 6.000 y los 10.000 euros, para su regularización y posterior contratación con su empresa.
Una vez realizaban el pago, siempre en mano y a un intermediario, le tramitaban la documentación para poder venir a España con un contrato de trabajo.
A su llegada a España para cumplir con su contrato laboral, descubrían que no disponían del trabajo comprometido, teniendo que buscarse otros medios de vida para poder subsistir y poder cumplir con los pagos para saldar las deudas.
Baja voluntaria
Por otra parte, los detenidos obligaban a firmar a los contratados que se personaban en la sede de la empresa un documento que no entendían, por desconocimiento del idioma y falta de asesoramiento, que resultaba ser la baja voluntaria de la empresa, que les permitía justificar la ausencia del trabajador en caso de una inspección.
Entre las personas implicadas en esta práctica delictiva existía una coordinación para realizar las captaciones de los extranjeros y el cobro del dinero pactado a los mismos, desempeñando cada implicado un cometido específico dentro de la trama.
Los empresarios detenidos en la provincia de Segovia son J.P.C, de 30 años; H.L,de 48 años, de nacionalidad marroquí; P.V.U.V, de 26 años y de nacionalidad ecuatoriana y vecino de Segovia.
Los intermediarios detenidos también en Segovia, son L.U.V, de 28 años, de nacionalidad colombiana; y M.J, de 47 años; A.Y, de 50 años y F.E.B, mujer de 41 años, los tres de nacionalidad marroquí.
También han sido detenidas cuatro personas en otras provincias españolas: M.O. varón de 36 años, vecino de Murcia; F.M., mujer de 37 años; vecina de Pamplona; E.H.E.Z., varón de 38 años, vecino de Torrevieja (Alicante); e Y.M., varón de 28 años, y vecino de Elche (Alicante), todos ellos de nacionalidad marroquí.
Esta operación, que continúa abierta, no descartándose la detención de nuevos implicados, ha contado con la colaboración de la Sección de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno y del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que han aportado una importante ayuda para llevar a cabo algunas investigaciones.
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