El director de Relaciones Sociales e Internacionales y Planes Estratégicos de la Fundación ONCE, Miguel Ángel Cabra de Luna, informó ayer de que España ocupa el penúltimo lugar, sólo por delante de Polonia, en la lista de inserción laboral de personas con discapacidad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
De hecho en este momento en España trabajan alrededor de 300.000 personas discapacitadas y hay otras 200.000 buscando trabajo, junto con "una gran bolsa de población que no lo busca porque cree que no lo va a encontrar".
Un dato que demuestra que, "aunque se ha avanzado, queda mucho por hacer" en un reconocimiento que empezó en los años 80 "cuando gracias a los juegos paralímpicos pasaron de ser invisibles a formar parte de la sociedad" y los niños "salieron de sus encierros en casa para formarse como cualquier otro ciudadano".
Para Cabra de Luna, su inserción pasa por proporcionarles una educación y una formación similar a la de las personas que no tienen discapacidad "para que al finalizar puedan integrarse en el mundo laboral directamente, y se convenzan de que tienen que salir de casa y luchar". Además apuntó que las personas con discapacidad, al igual que el resto, "no pueden trabajar en cualquier cosa, tienen que hacerlo en un puesto adecuado a su formación".
El también consejero del Comité Económico y Social hizo estas declaraciones en la inauguración del curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) sobre ‘La estrategia global de acción para el empleo de personas con discapacidad 2008-2012: Una nueva orientación para las políticas activas con incidencia en el empleo’, que tiene lugar en A Coruña, bajo el patrocinio de la Fundación ONCE y el Fondo Social Europeo.
En ellas, según avanzó, se tratará "la necesidad de que se apruebe una estrategia global de empleo para personas con discapacidad aprobada por Gobierno, empresas y sindicatos y que se invite a estas personas a que salgan a buscar trabajo, a prepararse y a luchar".
LENGUAJE
Por su parte Fernando Valdés Dal-Ré, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense, y consejero del Consejo Económico y Social, incidió en la necesidad de "desarrollar actuaciones colectivas solidarias creando normas y nuevas disposiciones" de cara a "dejar de tratarles de manera asistencial para pasar a ofrecerles los mismos derechos y oportunidades".
Así apuntó que "debe cambiar la mentalidad y la cultura para darse cuenta de que el problema de las personas con discapacidad radica en la falta de disfrute de derechos". Un cambio que debería empezar "con cosas tan sencillas como el lenguaje que atiende más al aspecto asistencial que a esta nueva concepción".
En este sentido abogó por "desterrar" del diccionario acepciones como ‘minusválidos’ "que significa la negación de la valía y en la persona su propia negación de condición humana", para pasar a llamarles ‘personas con discapacidad’.
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