Ahora, el Ministerio de Trabajo e Inmigración se plantea contener ese flujo. Para ello, estudia excluir del núcleo familiar con derecho a la reagrupación a los ascendientes de los extranjeros. Esto es: a sus padres y a sus suegros. Caso de salir adelante, esa restricción sería incluida en la reforma de la Ley de Extranjería, prevista para el último trimestre del año.
Ahora mismo, la ley -y el Reglamento que la desarrolla- consideran reagrupables a los siguientes familiares del inmigrante: su cónyuge; sus hijos o los de su cónyuge -incluidos los adoptados-, siempre que sean menores de 18 años o estén incapacitados; los menores o incapacitados bajo su tutela, y sus ascendientes o los de su cónyuge.
El polémico proyecto de nueva directiva de integración que está a punto de aprobarse en Bruselas no sería obstáculo para la exclusión de los ascendientes de los beneficios de la reagrupación familiar. Ese documento sólo obliga a la reagrupación de cónyuges e hijos, mientras deja a la discrecionalidad de cada Estado la de los padres y los suegros.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha declarado a EL PAÍS: "Hay un núcleo familiar que no es refutable: el matrimonio y los hijos menores de 18 años. Todo lo demás es discutible". "Todo lo demás" se refiere, fundamentalmente, los padres y los suegros.
Corbacho considera que, en ocasiones, "la familia puede ser muy amplia", sobre todo "en relación con los servicios que puede ofrecer el Estado de bienestar".
En otras palabras: la llegada a España de un contingente cada vez mayor de personas de edad avanzada que no trabajan y tampoco contribuyen a las arcas de la Seguridad Social y que, en cambio, son grandes consumidores del sistema de salud puede ser una carga demasiado gravosa para el sistema. Especialmente, en una situación de crisis económica como la presente.
El ministro insiste en que carece de "un criterio previo" sobre el recorte de la reagrupación familiar. Pero está dispuesto a "abrir un proceso de reflexión", con vistas a obtener "un consenso lo más amplio posible".
Ese consenso -si es que lo hay- deberá ser alcanzado durante el verano. Corbacho dice detestar la inestabilidad provocada por la frecuencia de cambios legales -y la Ley de Extranjería ha sufrido unos cuantos-. Por eso quiere aprovechar la ocasión que le brindará, en otoño, la reforma de esa norma que el Parlamento deberá abordar obligatoriamente para adaptarla a las nuevas directivas de la Unión Europea y a la sentencia del Tribunal Constitucional que, a finales del año pasado, echó por tierra varios de los preceptos que había incluido en ella el último Gobierno del PP. De hecho, el ministro planteará su propuesta de "reflexión" a la comisión sectorial de Inmigración de las comunidades autónomas, que tiene previsto reunirse el próximo 9 o 10 de julio.
En esa invitación a la reflexión, Corbacho incluirá otro asunto: la conveniencia de que la reagrupación familiar de los menores en edad escolar se produzca obligatoriamente a principios de curso. El ministro opina que la llegada de esos muchachos a lo largo de los 365 días del año genera una fuerte presión sobre la escuela, que debe adaptarse, mal que bien, a continuas incorporaciones. "Viví ese problema en L’Hospitalet cuando era alcalde", argumenta, "y creo que merece la pena intentar articular una solución, de acuerdo con la comunidad educativa".
Hay todavía un tercer aspecto que Corbacho está completamente decidido a incluir en la reforma de la ley: conceder permiso de trabajo a los menores reagrupados que tengan entre 16 y 18 años; es decir, que hayan superado la edad tope de la educación obligatoria. De esa manera podrán incorporarse a cursos de formación profesional o ingresar directamente en el mercado laboral.
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