IU e ICV piden una compensación económica para las mujeres que no pudieron trabajar en el franquismo por estar casadas

En su texto, al que ha tenido acceso Europa Press, sus promotores defienden que puedan solicitar esta pensión las mujeres mayores de 65 años que residan en España y que, habiendo contraído matrimonio entre 1939 y 1961, ahora continúen casadas o estén divorciadas, separadas o sean viudas.

Esta compensación económica, que fijará el Gobierno, se podrá recibir durante un año, fraccionada en 14 pagas, pero se establecerá un límite para el cobro simultaneo de la misma y de otra ayuda, que no podrá superar el doble del importe de la pensión mínima de viudedad para beneficiarios mayores de 65 años. Asimismo, se tendrá en cuenta la renta y la situación patrimonial de la beneficiaria.

La intención de los firmantes del texto es que el Estado repare la discriminación que sufrieron las mujeres que vieron ‘truncada su vida laboral al contraer matrimonio’ y que, por tanto, no tuvieron oportunidad de acumular cotizaciones para acceder en su momento a una pensión del sistema contributivo por derecho propio.

EN LOS SESENTA, CON PERMISO DEL MARIDO.

Según recuerdan IU e ICV, estas mujeres se vieron afectadas por el Fuero del Trabajo de 1938 y la Ley sobre derechos políticos, profesionales y laborales de la mujer de 1961. La primera de estas normas tenía como objetivo, según el léxico franquista, ‘libertar a la mujer casada del taller y la fábrica’, les prohibía acceder a determinados trabajos y les obligaba a dejar de trabajar si contraían matrimonio.

A partir de 1961 estas mujeres pudieron incorporarse al mercado laboral, si bien necesitaban autorización previa de sus maridos, a no ser que ya trabajaran antes de casarse. Así, las mujeres que habían sido relegadas por el régimen al rol de esposas y madres eran recuperadas para trabajar en los años del desarrollismo porque el Estado necesitaba aumentar la mano de obra, recuerdan IU e ICV.

‘Se trata de que el daño causado por imperativo legal por causa de una legislación autoritaria, discriminatoria y patriarcal hacia las mujeres tenga hoy la menor repercusión económica posible’, argumentan. Además, los dos diputados subrayan que no se puede obviar que la repercusión de aquella situación injusta la sufren hoy las mujeres que fueron víctimas de aquellas normas’. De hecho, recalcan que son muchos los estudios que describen el perfil de la persona pobre en España como el de una mujer sola y mayor de 70 años.

Este texto forma parte de una nueva remesa de iniciativas sobre la recuperación de la memoria histórica registradas en las últimas semanas por Llamazares y Herrera, que han sido recopiladas por Europa Press.

DENUNCIAS DE DESCENDIENTES DE TORTURADORES.

Por ejemplo, ambos han vuelto a registrar una proposición no de ley para que el Congreso inste al Gobierno a tomar las medidas necesarias para declarar la nulidad radical de todas las condenas, sentencias y resoluciones dictadas por los tribunales franquistas a propuesta de la Fiscalía, con el fin de rehabilitar el honor de quienes fueron juzgados por su ideología.

En la misma línea, ha registrado una iniciativa para que el Gobierno dicte impulse una declaración de legitimidad constitucional de la libre investigación sobre la Guerra Civil y el franquismo, basada en fuentes históricas tanto escritas como orales y sin censura previa sobre ningún nombre, fuente o dato histórico.

Llamazares y Herrera plantean este asunto a raíz de los casos de distintos historiadores que han sido denunciados por los descendientes de personas que, según fuentes orales o escritas, fueron responsables de la torturas y el asesinatos de contrarios al régimen.

PENSIONES PARA PRESOS POLÍTICOS.

IU e ICV también han recuperado un texto similar al que ya presentaron en la anterior legislatura para honrar la memoria y conceder ‘indemnizaciones dignas’ de los presos políticos que fueron condenados a trabajos forzados ‘al servicio del Estado y de cientos de empresas’, entre las que cita Dragados y Construcciones, Duro Felguera, Portland Iberia, Asland y Banús.

Asimismo, demandan que este reconocimiento se extienda a los ciudadanos españoles que fueron detenidos por los nazis que ocuparon Francia o que acabaron hallando la muerte en campos de concentración y exterminio o trabajaron como esclavos del III Reich.