Una decena de organizaciones profesionales y sindicales de España, Francia e Italia suscribieron ayer la Declaración de Mérida en defensa del cultivo del tabaco, en la que piden a la UE que el sistema actual de ayudas, ligado parcialmente a la producción y que finaliza en 2010, se prorrogue hasta 2013.
El documento fue leído por el presidente de uno de los colectivos firmantes, la Organización Interprofesional del Tabaco (OITAB) de España, Nicasio López, en un acto en el que también intervinieron los presidentes extremeño y de la región italiana Dell’Umbria, Guillermo Fernández Vara y María Rita Lorenzetti, respectivamente.
Los representantes políticos de las regiones y municipios cultivadores de España, Italia y Francia que estuvieron ayer en Mérida mostraron su apoyo a esta declaración.
La autodenominada ‘cadena europea del tabaco’ solicita en el documento, en primer lugar, que este cultivo sea tratado de la misma manera que otros sectores agrarios y que las normas comunitarias que lo regulan continúen hasta el 2013.
Dentro de dos años un 50 por ciento de las primas actuales se convertirán en un pago único, por superficie e independiente de que el agricultor produzca o no, y la otra mitad se desviará a fondos de la UE para el desarrollo rural.
También pide que se valore desde el punto de vista comercial y de opinión pública el estricto cumplimiento de los requisitos legales y de las buenas prácticas agrícolas por parte del tabaco cultivado y transformado en la Europa comunitaria.
La declaración demanda a la industria mejores precios comerciales y contratos plurianules de compra, y la discusión con los interlocutores sociales europeos de agricultura los problemas de empleo que provocaría la desaparición del tabaco.
La quinta y última petición es la de buscar una coordinación más estrecha y efectiva de las administraciones públicas de estos países, por medio de los ministros de agricultura, para que en el 2010 no entre en vigor la regulación prevista.
Los firmantes recuerdan que el sector emplea en la UE a más de 100.000 tabaqueros, 400.000 trabajadores de forma directa y varios miles más en empresas auxiliares.
El documento suscribe, además, la Declaración de Bovolone, de 2007, que señala que el tabaco no tiene alternativas viables para mantener ese nivel de empleo y que el desacoplamiento total ha supuesto un fracaso en términos sociales, económicos y ambientales en los países en los que se ha aplicado.
Además, se critica que el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE haya ‘ignorado’ la posición del Parlamento Europeo, que el pasado 20 de mayo propuso prorrogar el sistema de ayudas parcialmente acoplado hasta el 2013.
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