Según cuenta esta semana la revista Tiempo, uno de los ejes centrales de la propuesta que quiere poner sobre la mesa el departamento de Pedro Solbes es la posibilidad de fomentar los contratos indefinidos o de larga duración, pero con la contrapartida de extender a todos ellos una indemnización por despido improcedente de más o menos un mes por año trabajado, frente a los 45 días que rigen ahora para los despidos individuales sin causas objetivas.
Junto a esto, Economía se plantea también rescatar la idea de que las pequeñas y medianas empresas que tengan comprometida una parte de su plantilla al cumplimiento de un contrato con un tercero (las subcontratas o el outsourcing) puedan desprenderse de ella, con indemnización y garantías generosas de cobertura por desempleo y ayudas al reciclaje profesional o a la formación. Esto es lo que en el Gobierno se denomina “despido plural”.
Junto a estas reformas, Solbes está dispuesto a dar la batalla en el orden de las cuentas y evitar que comunidades autónomas y ayuntamientos se endeuden en exceso utilizando de forma indiscriminada la creación de empresas públicas. Para ello se propone elaborar una normativa que deje bajo el mismo paraguas de control a las sociedades dependientes del Estado, de las comunidades autónomas o de los municipios, para que únicamente existan las empresas públicas realmente necesarias y evitar con ello faltas de eficiencia y de capacidad de reacción ante situaciones difíciles.
Y aún hay más. En pleno proceso de cambio de la financiación autonómica, el Ministerio de Economía se está pensando la posibilidad de implantar un sistema, que precisará de una ley, por el cual los fondos procedentes del Estado para mantener las competencias transferidas, tales como sanidad, justicia o carreteras, por ejemplo, tendrán que ser dedicadas a esos fines y no a otros.
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