Como publicó La Verdad, una quincena de intérpretes comunicó el pasado lunes al decano de los magistrados de Alicante, Juan Carlos Cerón, a la adjudicataria del servicio y a la Conselleria de Justicia que iniciarían una «huelga de silencio»: acudirían a las instalaciones judiciales cuando se les requiriera, pero no intervendrían en las declaraciones.
Los profesionales de este sector están hartos de las condiciones de trabajo que deben soportar: carecen de contrato, no están dados de alta en la Seguridad Social y muchos de ellos no han cobrado ni un euro desde el pasado mes de febrero.
No obstante, tras reunirse con el representante legal de Newroz han decidido desactivar la huelga prevista. La empresa alega que no cobra desde la Generalitat desde que se hizo cargo del servicio el pasado mes de julio para cubrir el vacío dejado por la última adjudicataria, Seprotec. Esta última mercantil desistió precisamente por los mismos motivos.
Se da la circunstancia de que Seprotec se ha presentado de nuevo al concurso de interpretación y traducción para los juzgados, publicado el pasado mes de febrero en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV). No sólo eso, sino que fuentes de toda solvencia aseguraban ayer que se ha hecho otra vez con el contrato en una decisión que habría sido adoptada en marzo aunque aún no se haya hecho oficial.
Preguntada al respecto, una portavoz de la Conselleria dijo no poder confirmar dicho extremo y afirmó que la Generalitat comunicará su decisión sobre el concurso a su debido tiempo.
Seprotec es la empresa que surte actualmente al Ministerio del Interior de intérpretes y traductores para la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía. Como Newroz, tampoco se ha librado durante este tiempo de las críticas por parte de agentes y sindicatos. Estos últimos han denunciado recientemente que algunos de sus profesionales han llegado a intervenir en declaraciones pese a tener antecedentes penales.
La huelga que habían convocado los intérpretes en la provincia de Alicante sembró de inmediato la inquietud entre los jueces y los secretarios. El pasado viernes, antes de conocer que la protesta había sido desactivada, el decano de los magistrados de la capital, Juan Carlos Cerón, expresó su preocupación en una conversación con este diario.
De acuerdo con sus cálculos, «un 60% de la actividad», tanto en el juzgado de guardia como en los Juzgados de lo Penal y en la Audiencia Provincial, podría haberse visto afectada.
El magistrado Cerón informó a la Conselleria de la intención de los traductores nada más tener conocimiento de ello y le solicitó que resolviera el conflicto.
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