El nuevo criterio del Gobierno de Zapatero pasa porque las políticas sociales beneficien al mayor número de personas posible como mecanismo para aliviar los daños colaterales de la crisis, especialmente a los colectivos desfavorecidos. Por ello, los nuevos planes de empleo reducirán la duración de sus contratos -pasando de nueve a seis meses- y poniendo el acento en los desempleados sin cualificación, un colectivo especialmente afectado por el paro en la ciudad autónoma de Ceuta.
El plan de empleo 2008/2009 contará con un presupuesto de 10,6 millones de euros para la financiación de 19 programas que permitirán la contratación de 1.352 trabajadores en situación de desempleo, un millar de ellos sin cualificación. De los 1.352 contratos, 879 (el 65 por ciento) se realizarán mediante oferta genérica y los 473 restantes estarán dirigidos a seis colectivos en especial riesgo de exclusión. Discapacitados (120); mujeres víctimas de la violencia de género (73); ex drogadictos en periodo de rehabilitación y reinserción (40) y reclusos en régimen de tercer grado (40); así como unidades familiares o demandantes de empleo que no reciben prestación y demandantes mayores de 45 años que perciban la renta activa de inserción. (150).
Los 473 contratos citados anteriormente, destinados a personas en riesgo de exclusión social, serán sometidos a un más estricto control. Y es que el nuevo modelo de gestión prevé que una comisión dé el visto bueno. Este nuevo órgano estará formado por la Delegación, los sindicatos, empresarios, organismos sociales como Cruz Roja y Cermi y la Ciudad. Asimismo, una segunda comisión velará por el correcto funcionamiento de la oferta genérica. En esta segunda comisión también tendrá cabida la Ciudad, con voz pero sin voto.
Un control ‘máximo’ que el delegado explicó recordando que se trata de una medida social que ‘debe someterse a la máxima transparencia’. ‘Ya lo he hecho antes en Melilla con los mismos medios’, apuntó José Fernández Chacón que garantizó que los planes de empleo 2008/2008 ‘estarán en tiempo y forma’. Aunque Chacón admitió que no hay una fecha de inicio.
Y es que la nueva duración de los contratos de los planes de empleo obligará a hacer algunos ajustes, tanto en los programas como en el modo de trabajar del Inem y la UPD. Así, el Inem asumirá el proceso de selección y la UPD las contrataciones, pudiendo hacer frente así al aluvión previsible ya que se dobla el número de beneficiarios. Por otro lado, será necesario solapar contratos en un mismo puesto de trabajo en los programas relacionados con los centros educativos ya que aunque el nuevo Plan de Empleo dura seis meses el curso escolar tiene una duración de nueve meses.
Chacón quiere agradecer el recibimiento que han tenido sus planes por parte de los sindicatos, que han aplaudido la medida y ofrecieron su colaboración. Un respaldo que también ha ofrecido la Ciudad a través de su portavoz, Yolanda Bel. La Ciudad Autónoma tendrá en esta edición un papel más activo colaborando en la baremación y diseño de criterios del plan de empleo para los colectivos más desfavorecidos. En la oferta genérica, la Ciudad tendrá voz pero no voto.
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