El sector agrícola se ha rebelado contra un cambio sustancial en el operativo administrativo que se requiere para contratar a inmigrantes. Aunque dicho cambio se ajusta mucho más al espíritu de la ley vigente y de todos los decretos y acuerdos sobre flujos migratorios, los empresarios del campo y los sindicatos agrícolas lo rechazan de plano y creen que encenderá la llama de la economía sumergida y del empleo clandestino.
La Comisión de Seguimiento de control del convenio de coordinación e integración de la inmigración y de los flujos migratorios se reúne con carácter periódico y el viernes celebró su última reunión. Su objetivo es, sobre todo, adecuar la oferta a la demanda de obra agrícola, especialmente en las campañas de recolección. A la cita, que se celebró en los salones del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) de Alicante, bajo la presidencia de Enrique Simarro, en representación de la Subdelegación del Gobierno, acudieron los representantes de Unió de Llauradors-Coag, Jóvenes Agricultores-Asaja, CC OO, UPA y la patronal hortofrutícola provincial Fepex.
El tema de la reunión tenía que ver con la contratación de rumanos y búlgaros, ciudadanos que a todos los efectos son miembros de la UE, pero cuyo empleo requiere un trámite administrativo. Hace ahora justo medio año, en el epicentro de la campaña de recolección de la uva de mesa Aledo del Vinalopó, la Inspección de Trabajo impuso fuertes sanciones económicas a varias cooperativas y pequeños empresarios de la zona por emplear a ciudadanos inmigrantes indocumentados, especialmente rumanos y búlgaros.
Los empresarios alegaron que lo hacían porque se dilataba mucho en el tiempo el permiso administrativo que tenía que expedir la Oficina de Extranjería. Forzada por la presión de agricultores, empresarios y varios alcaldes, entre ellos el de Novelda, Mariano Beltrá, del PSOE, la Subdelegación del Gobierno en Alicante arbitró una medida extraordinaria para reducir la gestión de los contratos a menos de una semana.
Así se ha mantenido hasta hoy para el caso concreto de braceros agrícolas de origen rumano y búlgaro. El viernes, la Subdelegación y el Ministerio de Trabajo comunicaron a los sindicatos del campo y a la patronal del sector que la contratación de estos ciudadanos se tiene que notificar con tres meses de antelación. Los productores agrícolas creen que la medida, que no les obliga a contratar a los braceros que preavisen con noventa días de antelación, es contraproducente.
El secretario provincial de Coag, Juan Pastor, afirma: ‘La nueva instrucción no soluciona el problema ante las campañas agrícolas, sino que al final aumentan esos problemas’. Todos los presentes se manifestaron en contra, a excepción del secretario de la Federación Agroalimentaria de CCOO, Manuel Ledesma, que abogó por la aplicación estricta de la Ley de Extranjería.
UGT no acudió a la reunión, según distintas fuentes consultadas. ‘Al final vamos a salir perdiendo todos, porque habrá más ilegalidad y más economía sumergida, y nosotros con la necesidad de mano de obra puntual para las distintas campañas’, alerta Juan Pastor. En Alicante, no se contrata a extranjeros en origen desde hace ya tres años.
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