Los funcionarios del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) ya están sufriendo en sus carnes los primeros efectos de la conflictividad social derivada de la crisis económica. Empresarios y analistas ya anticiparon hace meses la posibilidad de que surgieran problemas por el repunte de la desocupación y los primeros conatos ya se han trasladado a la realidad diaria.
Los trabajadores del Servef son los encargados de orientar a los parados para que vuelvan a introducirse en el mercado laboral, pero el aumento del desempleo comienza a desbordar las oficinas, según explica el presidente de la Junta de Personal del Servef, José Luis Ahuir.
La fría estadística indica que el número de parados inscritos en la Comunidad Valenciana supera las 249.000 personas. La evolución en el último año cobra tintes dramáticos, con un incremento del 26 por ciento (el mayor de toda España con la salvedad de Murcia).
Más de 52.600 ciudadanos han engrosado las listas del desempleo. Esta situación se ha trasladado a las oficinas del Servef, que viven de primera mano ‘la crispación entre los usuarios’, que se traduce en ‘insultos, altercados e intentos de agresión’.
Las matemáticas no engañan. Desde que comenzó 2008, el número de solicitudes de desempleo ha crecido un 30 por ciento y las ofertas han caído a la mitad, de acuerdo con los datos que aportan los sindicatos.
En la provincia de Castellón, donde el paro crece a ritmos del 50 por ciento y hay pocas oficinas, las aglomeraciones, las guardias en la puerta -que comienzan a las siete de la mañana- y, por consiguiente, el malestar de los usuarios, aumenta por momentos. Ante el cariz de los acontecimientos, la Junta de Personal del Servef ha presentado 550 firmas de funcionarios para reclamar mayores medidas de seguridad en sus 57 oficinas. Cerca de la mitad de los puntos de atención a los parados carece de vigilantes y en los centros de formación no existe protección para los funcionarios, lamenta Ahuir.
Por ello, y para evitar males mayores ante el aumento del número de usuarios que se prevé en los próximos meses, los sindicatos exigen que se extienda el modelo de guardias jurado, ya que ‘en las oficinas con vigilancia los problemas se reducen por el efecto disuasorio que representa su presencia’. El salario de estos agentes corre a cargo de la Generalitat y el Ministerio de Trabajo a partes iguales.
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