La Fiscalía de Sevilla ha pedido tres meses de arresto y 3.005 euros de multa para tres directivos de la desaparecida empresa Industrias Subsidiarias de Automoción (ISA), acusados de desviar 1.349.773 euros recibidos en subvenciones para jubilaciones a otros fines.
El escrito de acusación de la Fiscalía dice que Industrias Subsidiarias de Automoción fue sucesora de Industrias Subsidiarias de Aviación, que en los años 80 ‘entró en crisis económica generalizada’ tras haber tenido una ‘importancia básica para el tejido industrial de Sevilla desde su factoría de San Jerónimo en esta ciudad’.
Debido al ‘interés público derivado de tal situación y como medida política’, tanto el Ministerio de Trabajo como la Junta de Andalucía acudieron en ayuda de la empresa con subvenciones para reajustes de plantilla y un plan de jubilaciones anticipadas.
La póliza para tal plan de prejubilaciones importaba 734.090.100 pesetas (4.422.229 euros), que las empresas sucesoras de ISA financiaron en 150.000.000 pesetas (903.614 euros), el Ministerio de Trabajo en la misma cantidad y la Junta de Andalucía en 434.090.160 pesetas (2.615.000 euros).
Explica el fiscal que en mayo de 1991 se concertó la póliza de seguros pero se acortó el plazo de garantía y la cobertura respecto a lo inicialmente previsto, por lo que existió una cantidad sobrante que los tres acusados desviaron ‘a fines no bien precisados, pero básicamente destinados a satisfacer necesidades laborales y sociales, con evidente desvío de los fines que justificaron’ la subvención.
El juicio contra los acusados J.M.S., F.F.M. y J.M.C. se celebrará en los próximos meses en un juzgado penal de Sevilla, donde declarará como testigo Ramón Marrero, que en aquella época era consejero de Trabajo y Asuntos Sociales de la Junta.
Dice el fiscal que los tres acusados, de común acuerdo, imputaron al menos 224.062.472 pesetas (1.349.773 euros) a otros costes de jubilación y laborales ‘no muy bien precisados debido al transcurso del tiempo y a la liquidación de las sociedades’ sucesoras de ISA.
El fiscal imputa a los directivos un presunto delito de fraude de subvenciones públicas o alteración sustancial de los fines para los que fueron concedidas, por el que pide para cada uno tres meses de arresto, multa de 3.005 euros y tres años de imposibilidad para percibir subvenciones públicas.
El ministerio público aplica la atenuante de dilaciones indebidas por los 18 años transcurridos desde la primera denuncia presentada en 1995.
El escrito de la Fiscalía hace hincapié en la importancia que en los años 80 y 90 significaba ISA como ‘recurso laboral y financiero dentro de la economía de la ciudad y su entorno’, de ahí que ante los primeros signos de crisis se produjese un intento de recuperación con ‘nuevo capital, otra dimensión de la gestión y la formación de un conglomerado de empresas instrumentales para tal fin’.
Todo ello ‘no evitó la suspensión de pagos, tanto de la primera empresa como de las que trataban de reflotarla’, pese a su indudable ‘interés estratégico’.
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