Entre otros aspectos, el documento denuncia que los trabajadores no pueden afiliarse "a un sindicato de su elección", al mismo tiempo que se reprimen los intentos de crear sindicatos independientes. La negociación colectiva es "extremadamente limitada" y los trabajadores no pueden participar en huelgas pues no están autorizadas legalmente y son reprimidas por las autoridades.
El empleo de menores para ahorrar costes de producción suele ser otra práctica habitual. En este sentido, el pasado mes de abril, se desmanteló una red de tráfico de niños que secuestró a cerca de 100 menores procedentes de las regiones más pobres del país, y que eran explotados en varias fábricas de la ciudad de Dongguan, uno de los principales centros de producción del sur del país. Los pequeños trabajaban 300 horas mensuales y cobraban 0,50 de dólar la hora.
El Gobierno también está investigando el secuestro de cerca de un millar de niños de la región rural de Liangshan, que fueron obligados a trabajar en Hong Kong. Además, una reciente investigación gubernamental en las empresas ladrilleras de la provincia china de Shanxi permitió la liberación de 1.340 trabajadores, entre los que se encontraban personas discapacitadas y niños, que sufrían condiciones de explotación.
Uno de los principales obstáculos para erradicar el trabajo infantil radica en el hecho de que las empresas argumentan que contribuyen a los gastos de su educación, a través de los ‘Programas trabajo/estudio’, en los que participan cerca de 400.000 niños.
Sin embargo, la ONG Human Rights Watch destapó la situación vivida por medio millar de niños de una escuela de Sichuan, obligados a trabajar en una fábrica durante sus vacaciones de verano, en tunos de 14 horas. Los menores tenían que dormir en dormitorios superpoblados, no se les alimentaba adecuadamente, sufrían de problemas de salud y se les multaba si no terminaban su labor.
DISCRIMINACION
El informe también alerta sobre la desigualdad entre hombres y mujeres, que alcanza una diferencia salarial entre géneros que ronda el 20%. Asimismo, la discriminación étnica es habitual en las regiones de Xinjiang Uighur y del Tíbet, donde las políticas en materia de empleo favorecen a los chinos de la etnia ‘han’.
La CSI calcula que, anualmente, emigran entre 7 y 10 millones de personas del mundo rural a las ciudades, cuya libertad de movimiento se ve limitada por el sistema ‘hukou’, por el que cada miembro de una familia se registra en función de su residencia familiar. Este procedimiento plantea graves problemas ya que si una persona reside ilegalmente en una zona urbana no tiene derecho a acceder a la educación, la atención médica, la vivienda ni a otros servicios públicos esenciales.
El Gobierno chino también cuenta con el sistema de ‘Rehabilitación por el trabajo’, que obliga a los presos a trabajar durante horas por una remuneración mínima o nula. Asimismo, pueden ser subcontratados a empresas fuera del sistema penitenciario.
Ante esta situación, la CSI concluye su informe con una serie de recomendaciones dirigidas al Gobierno chino y a la Organización Munial de Comercio. El texto completo puede consultarse en la web:
‘http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/China_report._16_May.1330.FINAL.pdf’.
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