Representantes de CC.OO., UGT, Copyme, Fecoesur, Cocem, Ciae, Cecu, Cocam, Unipyme, PSOE e IU coincidieron ayer en que esta propuesta de horarios "no sólo no responde a las necesidades reales de los consumidores madrileños, sino que además, atenta gravemente contra los intereses del pequeño y mediano comercio".
Las organizaciones integradas en la plataforma también señalaron que esta nueva norma "pone en riesgo miles de puestos de trabajo a la vez que introduce elementos de precarización en las relaciones laborales". Así señalaron que esta medida afectará a 300.000 puestos de trabajo que genera el sector del comercio en la región, de los que el 61 por ciento está compuesto por mujeres.
La secretaria general de la Federación de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de UGT, María José Tajuelo, afirmó ayer que además de que esta nueva ley "no aporta nada", va a suponer un "coste añadido" para los bolsillos de los trabajadores "porque va a repercutir en los precios" de los productos.
Asimismo, se dirigió a la patronal de las grandes superficies, Anged, y señaló que trabajadores que pertenecen a ella indican que el horario comercial "se ampliará como mínimos hasta las 23.00 horas". Así, Tajuelo se dirigió a la patronal y afirmó que "si pretenden romper el actual sistema, producto de la negociación colectiva, terminarán en los Tribunales", como ha ocurrido en el caso del descanso semanal.
Por su parte, el secretario general de Comercio, Hostelería y juego de Madrid, Antonio Ruda, dijo que la Ley "sólo beneficia a las grandes superficies", y aseguró que los trabajadores de las granes superficies se encuentran "maniatados", ya que las patronales "no permiten que se puedan expresar".
Ruda aseveró que la Ley "no ayuda a conciliar", y señaló que se trata de "un proyecto personal de la presidenta del Gobierno regional, Esperanza Aguirre". Por ello, reclamó la retirada del anteproyecto, que no se amplíe a Castilla y León y que se inicie un estudio del Comercio en Madrid, que lleve a la creación de un Libro Blanco sobre esta materia.
El presidente de Cocem, Hilario Alfaro, afirmó que los representantes que se encontraban en la reunión celebrada esta mañana suponían el 95 por ciento de los representantes del comercio en la región, ya que, a su juicio, "los únicos que se han quedado fuera han sido CEIM, la Cámara de Comercio, Cecoma y Anged".
En rueda de prensa en un hotel de la capital, el presidente de Cocem consideró que "mal lo ha tenido que hacer" el Gobierno regional para que se junten las asociaciones de consumidores y sindicatos como ha ocurrido en esta situación. Así, criticó que se diga que se está intentando proteger al pequeño y mediano comercio, afirmó no querer subvenciones y calificó las ayudas del Plan Ficoh, de ayuda a los comerciantes de la región, como "una limosna".
En esta línea, aseguró que el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Salvador Santos Campano, "no es un presidente elegido" y criticó que no se han convocado las comisiones de comercio, como a su juicio, se hacía antes.
El presidente de Copyme, Salvador Bellido, se mostró de acuerdo con su compañero y reclamó la dimisión del presidente de la Cámara de Comercio, ya que "no representa a ninguno" de los comerciantes que se encontraban ayer reunidos.
"Si se organizan actuaciones unilaterales el comercio va a sufrir mucho", señaló y criticó que Santos Campano "está pronunciándose a favor" de esta medida. "Esperanza Aguirre haría muy bien si retira esta Ley que es lo que pide la comunidad de Madrid", consideró.
El presidente de Fecoesur, Julio Vallejo, aseguró que no se trata de una Ley de Modernización, sino de "destrucción". "No podemos consentir que el Gobierno del PP y Esperanza Aguirre hagan desaparecer el entramado social de las ciudades", indicó y aseguró que con esta medida va a desaparecer la competencia y la distribución, de manera que las grandes distribuidoras "harán con los precios lo que les dé la gana". "El PP se va a convertir en un enterrador del pequeño comercio", apostilló.
Por último, el presidente de la Asociación del Comercio Agrupado y Mercados, Javier Ollero, afirmó que la desaparición del pequeño y mediano comercio afecta también al empleo inducido de los servicios relacionados con ello que supone "muchos miles de empleos entre empresarios y trabajadores". De esta manera, consideró que la Cámara de Comercio de Madrid debería amparar todas las peticiones" que ayer se han puesto de manifiesto.
PSOE E IU: ELIMINACION DE LA LEY
La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, que acudió al evento acompañada por el diputado regional, Enrique Echegoyen, y las representantes del Grupo Municipal Socialista Isabel Villalonga y María Dolores del Campo, indicó que el PSOE apoya esta iniciativa porque "no es una Ley de modernización", sino una propuesta que quiere "acabar con las siete horas de descanso diario".
"Estamos viviendo una situación en la Comunidad que es justo lo contrario de los que preconiza la señora Aguirre. La señora Aguirre habla de liberalismo y libertad ejerce exactamente todo lo contrario, una coacción clarísima sobre todas aquellas organizaciones o entidades que simplemente no piensan como ella y se atreven a a manifestarlos", consideró.
La portavoz socialista señaló que el proyecto "se va a volver en contra de los intereses de todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid", ya que "perjudica a la libre competencia, destruye el comercio de proximidad y condiciona definidamente la conciliación de la vida laboral y personal" de los trabajadores de este sector.
"Somos un partido de Gobierno y por lo tanto, hago un compromiso firme para que cuando gobernemos la Comunidad de Madrid, que estoy convencida que será en la próxima legislatura, pongamos en marcha una nueva Ley del Comercio que nacerá única y exclusivamente del diálogo y social", afirmó en relación a la necesidad de tener una ley para regular el comercio.
Por su parte, la portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés, se comprometió a que si no ganan la batalla contra esta Ley del Comercio, "en el momento que puedan retirar esta ley y cualquier ley que signifique golpes mortales al pequeño y mediano comercio", lo harán.
"A grandes agresiones se tienen que dar grandes repuestas", consideró Sabanés, quien añadió que "hay que alzar la voz alto y claro" porque "son más, es de justicia y tienen razones". Así, afirmó que no es tiempo de que "un Gobierno pueda gobernar con pactos ocultos".
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