El director general de Función Pública del Govern, Bernat Ramis, logró anteayer cerrar un acuerdo con los sindicatos mayoritarios -CCOO, UGT y STEI-i-, para aprobar en breve un nuevo decreto que regulará los niveles de exigencia de conocimiento de la lengua catalana para los trabajadores de la administración, felicitándose por ser la primera vez que una propuesta de esta índole se aprueba con mayoría absoluta de la mesa sectorial. Los sindicatos USO y CSI-CSIF votaron en contra, reclamando una mayor flexibilidad para determinadas plazas.
Sentencia reciente
La negociación venía motivada por la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears que, tras una denuncia de CC OO, anuló los principales artículos del decreto actualmente en vigencia, impulsado por el ex conseller José María Rodríguez, del PP, al considerar los jueces que suponía «una clara regresión» en la exigencia de competencia lingüística de la lengua propia de las islas para los empleados públicos y funcionarios.
De este modo, el Govern volverá a aplicar el decreto de 2001, que aprobó el primer Pacte de Progrés, y que ya será de obligado cumplimiento para los opositores a plazas dentro de la oferta pública de 2008, que se prevé se haga pública antes del verano. Esta medida afectará a determinadas personas que se están preparando para las próximas pruebas de acceso a técnicos superiores, de grado medio y administrativos, que sólo disponen del nivel B de catalán pensando que sería el exigido, como venía sucediendo hasta ahora. En virtud del nuevo decreto, estos opositores deberán acreditar un mayor conocimiento del catalán, en este caso del nivel C.
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