Con una cifra de parados que ronda los dos millones y medio de personas y unas perspectivas que en algún caso sitúan la tasa de desempleo a final de año en el 11%, la ley de Dependencia se ha convertido en la gran esperanza del Gobierno para maquillar unas cifras de paro cada día más preocupantes. De hecho, el sector sanitario y de servicios sociales, que acumula en 2007 y en lo que va de 2008 subidas de alrededor del 10%, se ha convertido en el más pujante, con crecimientos del doble que el siguiente sector, el educativo.
Inversión de 12.000 millones
Los estudios previos dan a la nueva norma legal un potencial de creación de empleo estimado de más de 500.000 puestos de trabajo, pero la ley, aprobada en 2006, no termina de arrancar y de dar los frutos laborales esperados.
El Congreso de los Diputados aprobó definitivamente la ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia, conocida como ley de Dependencia, el 30 de noviembre de 2006. La norma, definida como cuarto pilar del Estado del Bienestar, tras los sistemas de salud, educativo y de pensiones, creaba el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, con una inversión total de 12.638 millones de euros hasta la culminación de su desarrollo, previsto para 2013.
La ley reconoce, además de prestaciones económicas, derechos de ayuda a domicilio, centros de día y de noche, teleasistencia y plazas residenciales, entre otros, a las personas dependientes. El Libro Blanco sobre la dependencia fija en más de 450.000 los empleos que puede generar su desarrollo, a los que hay que añadir otros 115.000 empleos de cuidadores familiares que se incorporaran al mercado laboral.
En la previsión del Libro Blanco, la creación neta de empleo calculada es de 262.735 puestos de trabajo, a los que hay que sumar otros 20.000 inducidos en construcción, adaptación y equipamiento de nuevos recursos y 40.000 más de empleos indirectos, como proveedores de centros y servicios.
Empleo sumergido
Las previsiones señalan también la afloración de empleo sumergido, es decir, cuidadores retribuidos que trabajan al servicio de familias sin contrato ni cobertura social, que se calcula en 80.000, lo que unido al potencial de generación de empleo en la atención a las personas con necesidad de ayuda para realizar tareas domésticas y/o discapacidad moderada para alguna actividad básica de la vida diaria, cifrada en 50.000 personas, eleva a 452.735 empleos el potencial de creación de puestos de trabajo de la ley. Esta cifra, junto a los 115.000 cuidadores familiares a los que la normativa reconoce derechos laborales, coloca en más de 570.000 el número de puestos de trabajo que pueden crearse por efecto de la nueva norma.
Casi año y medio después de su aprobación, las solicitudes de prestaciones registradas ascendían en toda España a 374.000, con Andalucía, con 133.105, a la cabeza de la estadística, seguida, a gran distancia, por Galicia, con 38.557 y Cataluña, con 37.159.
En cuanto a las prestaciones reconocidas, según datos del Imserso cerrados a 5 de mayo de 2008, ascendían a 200.690, de las que 74.326 eran en Andalucía y 28.821 eran en Cataluña. Galicia aparecía en cuarto lugar, con 10.296, por detrás de Aragón, que tenía reconocidas ya 11.269.
Estas prestaciones habían generado, según fuentes oficiales, alrededor de 50.000 puestos de trabajo en toda España, de los que unos 40.000 son personas que prestan sus servicios en residencias de ancianos, residencias y centros de atención a personas con minusvalías, en centros o programas de día o similares, y el resto son cuidadores familiares, a los que la ley reconoce la posibilidad de cuidar a un familiar dependiente, labor por la que perciben un salario y se integran en el Sistema General de la Seguridad Social. A mediados de mayo, los cuidadores familiares reonocidos por la Administración ascendían a 10.342.
Balance positivo
Para los responsables del Ministerio de Trabajo, sin embargo, sí se están cumpliendo las expectativas de generación de empleo fijadas en la ley. Para Octavio Granado, secretario de Estado de la seguridad Social,«las expectativas de la ley eran razonablemente generosas. En empleo directo hablaba de 260.000 personas. Sin embargo, en el primer y segundo año eran mucho más reducidas que en los años siguientes porque se determinó que en ese primer periodo se atendiera a las personas con mayor grado de discapacidad, con mayores necesidades, por lo que el número de personas atendidas era mucho menor y el número de empleos por tanto también mucho menor».
En cualquier caso, Granado considera que con la aportación del Estado, 800 millones de euros en 2008, la cifra de empleos creados es siginificativa. «Con esa cantidad, nadie puede pretender que salgan más de 50.000 empleos. No salen menos porque ese es un sector donde toda la creación de plazas de atención se hace a base de gasto de personal, pero tampoco puede salir más», subraya.
El secretario de Estado de la Seguridad Social destaca también la «calidad» del empleo que se está creando por aplicación de la ley, y que, en todo caso, se inscribe bien en el Régimen General de la Seguridad Social, bien en el régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
«Una persona que recibe prestaciones de la ley de Dependencia tiene que contratar todo el personal de acuerdo con los criterios de encuadramiento de la Seguridad Social, es decir, que no puede contratar a una empleada de hogar, por ejemplo. Tiene que irse a una entidad acreditada, esa entidad acreditada tiene que estar habilitada por la comunidad autónoma correspondiente y esa entidad acreditada tiene que mantener una relación de tutela con la persona. El trabajador tiene que estar en el Régimen General, no puede estar en el Régimen de Empleadas de Hogar», explica Granado.
Sociedad envejecida
Para el responsable del Ministerio de Trabajo, la ley no ha terminado aún de desarrollar todo su potencial. «En Europa, el sector de cuidados personales ocupa al 10% de la población activa. En España, estamos en el 6%, luego nos falta un 4%, teniendo en cuenta, además, que estamos ante una población que está envejeciendo. Hoy, en España, la población mayor de 65 años es de alrededor del 17% y en Europa, del 22%. Eso va a transformar la sociedad española».
«El crecimiento del sector refleja el cambio de modelo productivo en España», argumenta. «Desde 2007, la construcción no ha creado empleo en términos de afiliación a la Seguridad Social, y el número de afiliados de las actividades sanitarias y de servicios sociales ha aumentado en un 10%. No hablemos de que va a venir un cambio de modelo productivo. ¡Es que ya ha venido!», enfatiza.
Transformación del empleo
La adaptación de viviendas, de los servicios, el aumento de la accesibilidad para los discapacitados, ahora en niveles muy elementales, suponen para Octavio Granado lo que denomina «la transformación tecnológica del empleo. Ahí va a haber mucha inversión. Yo creo que la ley de Dependencia va a terminar por recoger estos aspectos porque hay muchas cuestiones de preservación de la autonomía personal que no exigen que tengas una persona al lado todo el tiempo. Yo creo que en la modificación tecnológica de las viviendas que deben ser pensadas para las personas dependientes, en la transformación de otros servicios para adecuarlos a las personas dependientes va a haber mucha inversión y mucho empleo que la sociedad española va a desarrollar».
El sector que más crecerá
«Dentro de seis años, cuando se haga la retrospectiva del desarrollo de la ley, se va a comprobar que el sector servicios sociales es el que más empleo ha creado. Y yo creo que esto va a suceder indefectiblemente. Es una de las grandes esperanzas contra el paro y en el cambio de modelo productivo. El sector de cuidados personales, incluido el cuidado de niños, es uno de los sectores que más empleo va a crear», concluye el secretario de Estado de la Seguridad Social.
Para Sonia González, manager de producto de la empresa de trabajo temporal Randstad, la ley propiciará «el aumento de la demanda de profesionales en los servicios sociales y en los servicios socio-sanitarios en distintos puestos».
Sin embargo, a juicio de esta experta, «es notable la diferencia existente entre comunidades autónomas en cuanto al nivel de demanda de estos servicios.Todo apunta a que las regiones donde la ley de Dependencia tendrá una incidencia mayor en el empleo son Castilla-La Mancha, Vizcaya, Galicia, Valencia, Castilla y León, Álava y Andalucía. Por el contrario, las regiones donde menos peso tendrá la ley serán Navarra, Murcia y La Rioja. Esto se trasladará en una gran variación en cuanto al número en la creación de puestos de empleo por zonas geográficas», advierte.
http://www.abc.es/20080525/economia-laboral/dependencia-balon-oxigeno-para_200805250248.html
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