La falta de entendimiento para pactar el convenio del metal, al que se suscriben una veintena de empresas que operan en el Polo Químico (mantenimiento de plantas y trabajos en las paradas programadas, fundamentalmente) así como las más de 2.350 auxiliares de la construcción (suministros, carpintería metálica, etc.), está poniendo en peligro el desarrollo de la actividad en estos sectores ya que esa falta de entendimiento ha provocado que, como medida de presión, no haya horas extra o guardias en los turnos de trabajo, imprescindibles para desarrollar las obras de mantenimiento programadas en la industria química.
El convenio del metal comenzó a negociarse en enero, coincidiendo la llegada de los primeros efectos de la crisis a los sectores auxiliares de la construcción y en medio de una situación cuanto menos incierta en el Polo Químico, con la espada de Damocles sobre Fertiberia y Foret. Sólo un mes después se sumó el cierre de Nilefos, que aún hoy permanece pendiente de un plan que garantice la vialidad de su futura producción. En este contexto, la negociación arranca con una petición por parte de los sindicatos de una subida salarial del un punto sobre el IPC, mientras que la patronal ofrece medio punto sobre el índide de consumo. Tras catorce encuentros, la oferta empresarial se amplía a una subida del IPC más el 0,71% en el primer año de aplicación, del 0,74% en el segundo y del 0,77% en el tercero, mientras que los sindicatos mantienen la oferta del IPC más el 1% para el primer año con un aumento del 1,25% para el segundo año y del 1,50% para el tecero. Exigencias a las que se le suman la aplicación de un plus de distancia, un plus industrial y otro tóxico para todas las empresas (tanto para las que operan en el Polo como para las que no desarrollan trabajos en sus instalaciones). Las cuentas no le salen a los empresarios aunque desde los sindicatos se entiende que son perfectamente "asumibles" lo que ha llevado a que no se admita ni una hora ni una jornada que no estuviera en el calendario laboral acordado previamente, lo que a su vez provoca que las empresas con paradas programadas (en las que se multiplican las horas y jornadas para mantener la producción el menor tiempo posible interrumpida) comiencen a perder dinero.
La situación más incierta se presenta para las empresas y puestos de trabajo que dependen de la construcción ya que la aplicación de las exigencias de los sindicatos supondría elevar los costes salariales (al los que habría que sumar los sociaels) casi un 15%, "algo imposible si tenemos en cuenta que las pequeñas empresas del sector están en crisis", asegura José Francisco Daza, director del Área Jurídica de la patronal onubense. Ese incremento llegaría después de aplicar la exigencia de los sindicatos de incluir e un plus de toxicidad que actualmente no se contempla.
La tensión se mantiene hasta el lunes, cuando se ha previsto la celebración de una samblea entre los empresarios del sector para analizar el problema y dar una respuesta a los sindicatos un día depués. Hasta entonces, los trece miembros de la mesa negociadora de UGT y CCOO se mantienen encerrados en las instaciones de la Federación Onubense de Empresarios.
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