El Gobierno conservador de Silvio Berlusconi aprobó ayer que la inmigración clandestina sea un delito en Italia, dentro de una serie de medidas llamadas de "seguridad" y que abarcan otros asuntos, como el combate contra la mafia.
Las medidas fueron adoptadas durante el primer Consejo de Ministros del Gobierno de Berlusconi, celebrado en la ciudad de Nápoles y que duró cuatro horas.
En total treinta medidas, veinte de ellas antimafia, recogidas en un decreto ley y en tres proyectos de ley, todas cuales el Gobierno espera estén en vigor "antes de finales de julio", explicó el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi.
La consideración de la inmigración clandestina como delito figuraba ya en una ley promulgada durante el anterior mandato de Berluscni y que fue declarada parcialmente inconstitucional en el año 2004.
Según explicó, el ministro del Interior, Roberto Maroni, además de la tipificación como delito de la inmigración irregular, entre las nuevas medidas figura la aceleración de los procesos judiciales y de los tiempos de expulsión.
"Las nuevas medidas harán más fáciles la expulsión", dijo Maroni, quien no obstante destacó que todas ellas se hacen con "pleno y total respeto de la normativa comunitaria".
Según Maroni, las medidas también comprenden a los ciudadanos de la UE, pues "se hará una verificación más concreta de los requisitos exigidos a los ciudadanos comunitarios para poder residir sobre el suelo italiano".
Entre tales requisitos, se encuentra que "los ciudadanos tengan un ingreso adecuado para poder mantenerse y mantener a su familia y que no obligue al Estado a poner al ciudadano a cargo de la seguridad social", explicó Maroni.
En materia de inmigración también se enmarca la petición de la prueba de ADN para los familiares que pidan la reunificación y la confiscación de los apartamentos alquilados a inmigrantes clandestinos.
Además, se imponen nuevos requisitos para los casamientos de nacionales con extranjeros con el fin de evitar los llamados "matrimonios de conveniencia".
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