El partido de centroderecha del presidente francés Nicolás Sarkozy exigió el lunes la abolición de la semana laboral de 35 horas, apuntando a la controvertida ley 10 años después de su introducción por parte de un Gobierno socialista.
Sarkozy denominó a la ley una "catástrofe económica" y regularmente adjudica a dicha norma la falta de competitividad de Francia en el comercio internacional, pero parece estar poco dispuesto a descartarla totalmente por temor a encolerizar tanto a los votantes como a los sindicatos.
El líder de su partido UMP instó al Gobierno a permitir que cada compañía establezca sus propias condiciones de trabajo.
"El UMP está enérgicamente solicitando el desmantelamiento definitivo de la semana laboral de 35 horas, y que la duración de la jornada laboral sea negociada compañía por compañía," dijo a los periodistas el secretario general del partido, Patrick Devedjian.
Un Gobierno socialista dispuso en mayo de 1998 recortar la semana laboral de 39 horas a 35 horas sin que involucre ningún tipo de reducción salarial.
Los economistas señalaron que el cambio ha llevado al estancamiento de los salarios en Francia y ha paralizado sus exportaciones, e incluso algunos líderes socialistas han cuestionado la reforma.
En un intento por prolongar la semana laboral, el año pasado Sarkozy otorgó a las compañías y a los empleados una exención impositiva y de cargas sociales sobre las horas extras.
"No es la intención del Gobierno abolir el límite laboral legal dado que es el punto básico para calcular las horas extras," señaló Sarkozy a parlamentarios en enero.
Sin embargo, la mayoría de las firmas no ha logrado impulsar las horas extras a pesar del incentivo, y un sondeo reciente mostró que los franceses eran campeones del mundo en lo que respecta a las vacaciones, disfrutando un promedio de 37 días de descanso pago por año, contra 27 en Alemania, 26 en Gran Bretaña y 14 en Estados Unidos.
Devedjian señaló que era hora de que el Gobierno pusiera fin a tratar de imponer acciones desde arriba y en cambio permita a los sindicatos y a los ejecutivos establecer el pago y las condiciones en cada compañía.
Tal accionar ciertamente se enfrentará con una feroz resistencia de los sindicatos, que ya han protestado contra la reforma previsional del Gobierno y los intentos de recortar el número de empleados públicos.
Tampoco está claro cómo las compañías francesas reaccionarían a la posibilidad de tener que renegociar las condiciones laborales, sólo una década después de haber mantenido tortuosas conversaciones sobre la semana laboral de 35 horas.
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