Lo que durante la pasada campaña electoral era una sospecha para los socialistas se ha convertido tras la cita con las urnas en un dato empírico: una encuesta postelectoral encargada por Ferraz acredita que lo que "más daño" hizo al PSOE ante el 9-M fue el discurso del PP en materia de inmigración. Un discurso "incendiario", pero que habría calado en buena parte del electorado. Esta constatación, y la previsión de que ante una coyuntura de crisis económica la afluencia de inmigrantes pueda provocar tensiones o conflictos sociales, habría provocado ya diversas reacciones, tanto en la formación del nuevo Gobierno como en la estrategia del PSOE, y en ambos casos tendentes a un endurecimiento ante el fenómeno inmigratorio.
En un primer término, pues, cabría apuntar el fichaje como nuevo ministro de Trabajo e Inmigración de Celestino Corbacho, que accedió al cargo desde la alcaldía de l´Hospitalet con una imagen y un discurso duro sobre la cuestión. No sostiene tesis distintas a las actualmente esgrimidas por Rodríguez Zapatero, pero las expresa con más contundencia. Durante la campaña electoral, Mariano Rajoy lanzó la propuesta de crear un contrato para inmigrantes que levantó notable polvareda e hizo llevarse las manos a la cabeza a los socialistas. Y tras las elecciones, el pasado abril, el presidente valenciano, Francisco Camps, recogió el testigo y anunció que preparaba una ley por la que los inmigrantes habrían de suscribir un documento comprometiéndose a respetar "las leyes, los principios y las costumbres españolas". Al día siguiente, Corbacho no quiso descalificar esta iniciativa: "Esa propuesta y algunas que yo he podido hacer a lo mejor pueden encontrar un punto de encuentro".
No obstante, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega – que ahora también dirige una nueva comisión delegada del Gobierno en inmigración-, se desmarcó totalmente de esta tesis. La política de inmigración del Ejecutivo, aseguró, se basa en "ley y orden", sí, pero en España, replicó, los ciudadanos, sean nacionales o inmigrantes, sólo tienen los derechos y deberes que derivan de la Constitución, "no de las costumbres".
Y el viernes criticó incluso la expulsión de inmigrantes en Italia.
En cuanto al PSOE, en la ponencia marco del próximo congreso federal de julio, también se descarta el contrato que propone el PP: "No existen derechos especiales de los inmigrantes, y no deben existir tampoco obligaciones especiales ni gravámenes exclusivos". Pero en el texto hay también signos inequívocos de un mayor endurecimiento del lenguaje para "garantizar el respeto de las normas en ámbitos en los que, antes de la llegada de los inmigrantes, nuestra sociedad desconocía incumplimientos demasiado importantes: ámbitos como la vivienda y la habitabilidad, el comercio y los horarios, o el uso del espacio público han sido sometidos a evidentes tensiones por la llegada de extranjeros procedentes de distintas culturas".
Y ante el bache económico que vive el país, los socialistas advierten de que la capacidad de acogida de inmigrantes en España se realizará "de acuerdo a las expectativas de nuestro mercado de trabajo" y dando "prioridad a la promoción de empleo en el país".
Juan Carlos Merino
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