Las previsiones apuntan a que al cierre del presente año el volumen de oficinas de intermediación se pueda quedar en poco más de un millar, puesto que la paralización del mercado ha reducido notablemente las oportunidades de negocio. De confirmarse esta disminución estaríamos ante la desaparición del 75 por ciento de las firmas que operaban en todo el territorio provincial.
Esteso sostiene que ‘aunque todos nos vemos afectados’ por la menor demanda de vivienda, los primeros damnificados por la recesión son aquellos grandes grupos y franquicias que han emergido en los últimos años al amparo del boom inmobiliario, al igual que aquellos establecimientos ajenos a la gestión profesional de los colegiados API.
Y es que el negocio de las comisiones en las operaciones de compraventa era una actividad muy apetitosa con el mínimo riesgo, una circunstancia que ha cambiado desde el segundo semestre del pasado año debido al desplome de las transacciones. Además, la competencia también es cada vez mayor.
Entre los principales afectados aparecen enseñas como Tecnocasa, Expofinques y, recientemente, Don Piso, entre otras muchas, que han acometido procesos de adelgazamiento que les ha llevado al cierre de centenares de oficinas en toda España, con especial relevancia en el ámbito de la Costa Blanca.
Otra cuestión son los despachos tradicionales con una trayectoria dentro del sector que se remonta más allá de los periodos ventajosos. Esteso aclara que hasta ahora ‘los profesionales colegiados alicantinos han aguantado como han podido, aunque se han producido varias bajas en el apartado de no ejercientes’, cuyo número ronda ya en el centenar. En cambio, los ejercientes se cifran en unos 270 en la provincia.
La presidenta de los API asume que los próximos meses van a ser complicados, pero confía en que ‘esta crisis, que estoy convencida de que es más financiera que de demanda, pueda comenzar a remitir y se empiecen a reactivar las operaciones’. Es mucho lo que se juegan bastantes profesionales y el empleo de muchos agentes está en juego.
Un aspecto positivo dentro de la incertidumbre del momento que atraviesa el sector es que la caída de las ventas ha abocado a los promotores a volver de nuevo a las oficinas inmobiliarias para poder vender.
En cualquier caso, a los agentes de la propiedad no les queda más remedio que seguir diversificando sus servicios para abrir nuevos nichos de mercado. De hecho, el Colegio de API ha suscrito el primer convenio de colaboración con la Dirección General del Catastro, para su aplicación en la provincia. Según Esteso, ‘se ha cumplido, así, una de las primeras aspiraciones que manifesté al acceder a la presidencia, convencida de que potenciar la colaboración con las administraciones públicas es una forma de defender mejor los intereses de los profesionales colegiados y de los ciudadanos usuarios de nuestros servicios’.
La asunción de esta competencia trae consigo, sin duda, mayores competencias profesionales para los API alicantinos que, de esa forma, ‘ampliamos nuestras tradicionales funciones sobre asesoramiento y mediación en los contratos de compraventa, arrendamiento, cesiones, traspasos y permuta de fincas, constitución de préstamos con garantía hipotecaria sobre dichas fincas, emisión de dictámenes sobre el valor real o de mercado en venta, cesión o traspaso de bienes inmuebles y, en fin, nuestro papel como peritos judiciales’.
Los API no sólo podrán facilitar información catastral relevante o emitir certificados catastrales, sino que podrán, adicionalmente, presentar las declaraciones catastrales correspondientes a aquellas alteraciones inmobiliarias que sus clientes les encomienden.
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