La utilización del desempleo para el retorno de inmigrantes será voluntaria, sin privilegios y sin discriminaciones respecto al resto de los parados. Además, estará condicionada a un tiempo determinado de estancia en el país de origen y en consonancia con las reglas que rigen el mercado laboral español. Sobre estos complejos mimbres, el Ministerio de Trabajo e Inmigración esboza una norma que cumplirá el compromiso adelantado por el presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, para que todos aquellos parados inmigrantes que lo deseen cobren la prestación de paro de una sola vez y se establezcan por su cuenta en su tierra natal.
La redacción del contenido de la norma «no es fácil», aseguran fuentes del Ministerio. Por ello, el Departamento que dirige Celestino Corbacho ha solicitado varios informes sobre la medida, consciente de que se trata de abrir otra puerta a la percepción económica del desempleo en una sola vez, en esta ocasión destinada en exclusiva a los inmigrantes. Para comprender el alcance de la novedad de la iniciativa «conviene que en lugar de hablar tanto de capitalización comencemos a hablar de acumulación», sugirieron.
También informaron que el texto estará concluido a mediados de junio.
Máximo del 40%
En la actualidad, la capitalización del desempleo es la modalidad de pago único de la prestación como medida de fomento de empleo en la economía social o para establecerse como autónomo. Las últimas estadísticas del Ministerio de Trabajo reflejan lo ocurrido en enero de 2008, cuando existían 108.392 parados acogidos. De este total, 103.043 se convirtieron en emprendedores; 1.380, en socios de cooperativas; y 3.969, en socios de sociedades laborales. El número medio de días cobrados por trabajador fue de 16 y el importe líquido, de 474 euros. La cuantía media correspondiente a 2007 llegó a 3.888 euros por la acumulación de 136 días.
No obstante, el interesado sólo dispone en metálico del 40% de la prestación para el inicio de su nueva vida laboral. El resto es transferido por los Servicios Públicos de Empleo, antiguas oficinas del INEM, a la Seguridad Social en concepto de las cuotas que el trabajador está obligado a abonar por su negocio o por su inmersión en la economía social. El Estatuto del Trabajo Autónomo, que entró en vigor el 12 de octubre, apuesta por revisar ese porcentaje máximo, debate que todavía está pendiente.
Control de fronteras
La norma que estudia el Gobierno también plantea interrogantes a los interlocutores sociales. CEOE afirma que «la idea de incentivar el retorno es buena» pero cree preciso ver «qué contrapartidas se ponen encima de la mesa para impedir el regreso a España durante un periodo prudencial». «Esto implica a muchos ministerios y el establecimiento de un mayor control de fronteras», según la organización empresarial, que se inclina por la creación de una agencia estatal de inmigración.
Dolores Liceras, de CCOO, advierte de que «la vuelta a casa» tendrá que estar acompañada de medidas aplicadas por los países de origen. «No nos vamos a oponer, pero hay que ver en qué términos se hace. Es preciso evitar lo de coger el dinero, correr y volver», comentó. A juicio de este sindicato, sería mucho más efectivo y eficaz impedir la llegada de inmigrantes sin contrato.
Por su parte, Antonio Ferrer, de UGT, denunció y lamentó que el anuncio del presidente del Gobierno «no se haya sometido a consulta». Según su criterio, sería más interesante fomentar la cooperación entre los países exportador y receptor, así como la utilización de los microcréditos para emprender una nueva vida lejos de España o la reorientación de los desempleados.
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