La Sección Segunda de la Audiencia de Álava acaba de reabrir las diligencias, sobreseidas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria, al entender que el archivo resulta «prematuro», ya que a su entender existen «indicios racionales de criminalidad de un delito de falsificación en documento público u oficial», según señala el auto al que ha tenido acceso este periódico. La Sala argumenta su decisión en la «gravedad de los hechos denunciados», que «afectan a la propia credibilidad del sistema judicial». El tribunal propone como prueba la declaración en condición de «imputado», y no de testigo, del abogado de la empresa para que aclare algunos puntos del proceso.
El caso se inició en junio de 2006 cuando una empleada -identificada con las iniciales N.B.- fue despedida después de quedarse embarazada y ésta, cuyo marido es abogado, demandó a Mercedes-Daimler Crysler. Los jueces, hasta llegar a la Audiencia alavesa, fueron dando la razón a la mujer, que se reincorporó a su puesto de trabajo. A partir de ahí empezó un intercambio de recursos por la vía laboral hasta elevarse al Tribunal Supremo, que todavía no se ha pronunciado.
Sin embargo, el pleito derivó también en la vía penal al denunciar la representación letrada de la afectada una supuesta «alteración de un documento», incluido en un expediente seguido en el Juzgado de lo Social número 3 de Vitoria. Según esta parte, la fecha del 24 de enero habría sido cambiada por otra posterior, del 2 de febrero, para permitir que los servicios jurídicos de la compañía automovilística pudieran presentar un recurso dentro de plazo, lo cual se produjo.
El abogado investigó incluso en los servicios postales para probar esta afirmación y presentó un documento en el que la firma Mercedes pagaba a la empleada despedida la indemnización que fijaba en la sentencia el 31 de enero, antes de la fecha en que ellos aseguraban que habían recibido información del fallo. «¿Cómo se puede cumplir una sentencia que supuestamente no te han notificado todavía?», se pregunta el letrado. La Audiencia provincial, en su auto de reapertura, recoge que «dos funcionarios» ratificaron la versión de la trabajadora y su abogado.
La compañía alega que no ha sido la empresa la realmente denunciada, sino «los funcionarios del Juzgado de lo Social» de Vitoria. Un portavoz oficial de los tribunales recordó que el caso se había archivado y que el auto de sobreseimiento fue recurrido por el letrado de la mujer, que alegó «falta de motivación» para esclarecer la querella.
Según esta misma fuente, hasta el momento «no se ha acreditado el hecho denunciado» y «sólo había un acuse de recibo, una notificación, y no dos», como se aseguraba.
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