Decenas de trabajadores de la Xunta se concentraron este jueves ante los edificios judiciales de las ciudades de A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Vigo y Pontevedra para protestar por el despido de unos 50 asalariados temporales.
Según denuncia el sindicato CIG, la Consellería de Presidencia aplica una política "neoliberal y privatizadora" al pretender crear prazas de libre designación a cambio del despido de trabajadores.
CIG ha advertido de que para crear un puesto como el de subdirector xeral de Relacións coa Administración de Xustiza "es necesario un presupuesto de unos 50.000 euros al ano". Y "para amortizar" el gasto que supone la creación de un alto cargo, la consellería que dirige el socialista José Luis Méndez Romeu tendría que despedir a alrededor de diez trabajadores en precario, que cuentan con una jornada laboral de entre dos y seis horas al día.
Nuevas protestas
El secretario nacional de la CIG-Autonómica, Manuel Gallardo Canitrot, explicó que esperan volver a reunirse con representantes del Ejecutivo gallego para abordar este tema, ya que los encuentros celebrados hasta el momento no han dado resultado.
En esta línea, la formación recuerda que ya denunció la situación en otra ocasión, "cuando Presidencia decidió privatizar parte del servicio" mediante la introducción de empresas privadas con contratos de trabajo de ocho horas al día, mientras el personal continuaba trabajando en precario "con contratos hasta cuatro veces inferiores a las empresas beneficiarias".
CIG ha anunciado la convocatoria de una concentración de protesta en Santiago para la semana próxima.
Presidencia niega la ‘privatización’
Por su parte, Presidencia ha respondido a las críticas vertidas desde el sindicato a su política de contratación. El departamento que dirige Méndez Romeu ha negado que la modificación de la relación de puestos de trabajo que se está acometiendo responda a una estrategia de privatización, sino "a la voluntad de racionalizar la plantilla" de la Administración pública gallega.
Con respecto a los 50 despidos que CIG denuncia, Presidencia ha subrayado que se trata de "plazas vacantes que estaban cubiertas por personal temporal, por lo que no se despide a nadie".
Según ha explicado, los servicios a los que afecta esta "amortización" de plazas afectan a departamentos "propios de la externalización". Así pueden crearse plazas para "otras tareas que deben llevar a cabo empregados públicos, para mejorar las condiciones de prestación del servicio".
La Xunta ha indicado que se amortizarán hasta 42 puestos de trabajo para crear 62 plazas nuevas, en las que se incluyen puestos de los grupos D y E y otros para trabajadores sociales, psicólogos, auxiliares y técnicos de especialista informático.
Cargando ...
Los comentarios están cerrados.