En relación a este caso, han sido detenidos en un inmueble de la Rúa Armando Durán siete ciudadanos de origen magrebí que, tras prestar declaración en el juzgado, quedaron en libertad. Según apuntan las investigaciones, el grupo se encargaba de explotar a operarios extranjeros que trabajaban y vivían en condiciones precarias a cambio de un pequeño salario.
Ante este supuesto delito contra los derechos laborales, el departamento que dirige el socialista Ricardo Varela trasladó esta mañana a la Asesoría Xurídica Xeral de la Xunta su decisión de presentarse como parte en el proceso que instruye el juzgado de instrucción número tres de Lugo.
En base a un programa abierto a finales de 2006, la consellería examina cada una de las situaciones en las que se constatan fórmulas irregulares de contratación, con el fin de intervenir de forma directa si así lo exige la situación.
En un comunicado remitido a los medios, la Xunta hace hincapié en que es consciente de que este tipo de polémicas "afectan especialmente" al empresariado del sector en el que se ha registrado el problema.
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