La verdadera integración laboral y la accesibilidad universal son los principales obstáculos a los que se enfrentan los discapacitados a pesar de que ambas cuestiones se encuentran reguladas por la legislación española, según señaló ayer el director general de la Fundación ONCE, Luis Crespo Asenjo, en el marco de la ‘Jornada sobre la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad: análisis del impacto en el ordenamiento jurídico español’.
En declaraciones a Europa Press, Crespo censuró, refiriéndose al ámbito del trabajo, el incumplimiento general de la normativa vigente que obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a contar con un 2 por ciento de discapacitados en su plantilla, así como a colaborar con la compra de productos a centros especiales de empleo o a aportar donaciones, para aquellas empresas que por su naturaleza no pueden acogerlos.
Con respecto a la Convención, documento creado a nivel europeo para defender los derechos de las personas con discapacidad, que entró en vigor el pasado 3 de mayo y que obligará a modificar las legislaciones de los países miembro, ha sido impulsada en España por la ONCE, el CERMI y el Consejo General de la Abogacía. En este sentido, Crespo apuntó el "importante" paso dado a "nivel declarativo", mediante el establecimiento de una serie de normas que integrarán todos los ordenamientos jurídicos europeos para "conseguir hacer efectiva la igualdad".
Para España, este documento vinculante va a suponer, según el presidente, conocer de manera "muy real" la situación actual de los discapacitados y conseguir que la sociedad "conozca" la situación de este colectivo y se "sensibilice". Asimismo, va a significar una revisión "de la situación actual, de las normas vigentes, de su nivel de cumplimiento y de la perfección de los derechos que se regulan".
Por otro lado, anunció que la Unión Europea ha creado un borrador que contiene una directiva específica de las personas con discapacidad. El objetivo es aportar un "conocimiento transversal" de la problemática de este colectivo, creando así una norma generalista.
LA CONVENCIÓN NO CREA DERECHOS, SINO QUE LOS GARANTIZA
El fiscal del Tribunal Supremo y miembro del Foro Justicia y Discapacidad, Carlos Ganzenmuller, quiso aclarar, durante su intervención dentro de la jornada, que esta convención "no crea ni enumera derechos" sino que "los garantiza" prohibiendo toda discriminación a la persona con discapacidad y "promoviendo" un cambio de la actitud social hacia ella.
Algunos de los principios fundamentales que regulará este documento y que afectará a la legislación española son, según el experto, el "carácter dinámico" con el que aborda la discapacidad, que obligará a todos los estados miembros a revisar la legislación referente a los discapacitados para ir adaptándola según varíen sus necesidades.
En segundo lugar destacó la calificación de este colectivo como de "muy vulnerable", especialmente si son menores o mujeres. Asimismo, señaló la obligatoriedad de tratar a estas personas como el resto de ciudadanos. Esto supone que tienen los mimos derechos y por lo tanto pueden participar de igual modo en la vida política, pública, cultural o disfrutar de la libertad de expresión, opinión e información.
También se refirió al hecho de que este informe concede el derecho a las personas discapacitadas de ser oídas en todos los procedimientos judiciales, así como en las resoluciones que le van a afectar. De este modo, se les garantiza el acceso a la justicia y su reconocimiento como personas jurídicas mediante la proporción de los apoyos necesarios para el ejercicio de su capacidad jurídica.
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