Las autoridades británicas no han verificado los antecedentes penales de miles de personas que trabajan en los aeropuertos británicos, según una investigación de la BBC.
A pesar de las advertencias en el sentido de que las organizaciones terroristas tratarían de reclutar a personas que trabajan en las terminales aeroportuarias y tienen acceso a los aviones y a los equipajes no se ha intentado comprobar si los trabajadores extranjeros han delinquido antes de llegar al Reino Unido.
El responsable del Interior del Partido Conservador, David Davis, calificó la actual situación de "sorprendente" y exigió que se lleven a cabo "controles inmediatos y totales" de ese personal con independencia del costo que pueda suponer.
Las zonas de embarque de los aeropuertos figuran entre "las más vulnerables desde el punto de vista de la seguridad, y es doblemente sorprendente que el Gobierno haya permitido que continúe esa situación", dijo Davis.
También el portavoz liberal, Chris Huhne, se mostró horrorizado y dijo que "es una locura disponer de todo un sistema de controles para los trabajadores británicos, pero hacer la vista gorda ante los problemas que pueden presentar sus colegas extranjeros".
Se calcula que hay 200.000 personas trabajando en las tiendas, los cafés o como personal de limpieza en las zonas de embarque de los aeropuertos del Reino Unido.
A ellas se suman otras encargadas del manejo de equipajes o de la conducción de los autobuses que llevan a los viajeros desde la terminal hasta el avión.
El Gobierno laborista aplicó legislación de emergencia en el 2003 en un intento de mejorar la seguridad de los aeropuertos tras los atentados terroristas del 11 de septiembre.
Las autoridades trataron de verificar los antecedentes penales en el Reino Unido de los trabajadores aeroportuarios, pero, según la BBC, no se hizo en cambio ningún esfuerzo por extender la investigación a sus países de origen.
El Gobierno justificó ese proceder porque, según argumentó entonces, verificar los historiales delictivos de esas personas habría exigido demasiado tiempo y habría sido muy complicado: las autoridades habrían tenido que comparar distintos sistemas legales.
El año pasado, el ministerio del Interior se vio obligado a reconocer que 11.000 inmigrantes ilegales trabajaban en el sector de seguridad.
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