«Ni imposiciones ni asimilaciones». Bajo esta premisa se presentará la ley de Integración del Extranjero que la Generalitat Valenciana tiene previsto aprobar en el mes de junio y que, además del llamado «contrato de integración» -que suscribirán los inmigrantes de países no procedentes de la Unión Europea-, contempla un paquete de medidas sociales para combatir la discriminación de los extranjeros, sensibilizar a los empresarios sobre los beneficios de incorporar inmigrantes a su gestión, erradicar el absentismo escolar o situaciones de infravivienda, según se expone en el anteproyecto de la citada ley, al que ha tenido acceso ABC.
«Responde a la realidad de una sociedad pluricultural y el aumento progresivo de la población inmigrante en nuestra Comunidad. La Ley estatal no ofrece respuestas a esta situación actual», defienden desde el Gobierno valenciano. No en vano, la Comunidad Valenciana ha visto triplicar en los últimos cinco años el número de inmigrantes, un colectivo que ya representa el 16 por ciento de la población en esta región. Unos inmigrantes que vinieron al rebufo del «boom» de la construcción y que ven ahora cómo su tasa de paro ha aumentado un 50 por ciento en tan sólo un año.
Con un marcado carácter transversal, la ley prevé ayudas para «promocionar alquileres de bajo coste y rehabilitación de viviendas», así como «prevenir la generación de situaciones residenciales de infravivienda y hacinamiento y la segregación residencial», según el artículo 25 del borrador del anteproyecto del ley. «No podemos permitir que haya situaciones de «pisos patera»».
Un plan a cuatro años
A través de la ley -que irá acompañada de un Plan de Inmigración para los próximos cuatro años- la Generalitat Valenciana se comprometerá a velar por que los trabajadores extranjeros temporeros se alojen en viviendas que cumplan las condiciones de dignidad e higiene adecuadas (art. 26).
Además de medidas específicas en vivienda, la ley consagra en cuatro de sus artículos -20, 21, 22 y 23- medidas para facilitar el «reciclaje» laboral de los inmigrantes en paro, sobre todo ahora que muchos de ellos tienen que abandonar el ladrillo y dirigirse a sectores como el hostelero.
Además, prevé llevar a cabo estudios «para conocer las características de la demanda laboral y la oferta de mano de obra». El objetivo es adecuar la llegada de inmigrantes a las necesidades del mercado de trabajo. «Ningún inmigrante sin contrato», una idea en sintonía con las declaraciones efectuadas por el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, quien mantendrá el miércoles un encuentro con el consejero valenciano de Inmigración, Rafael Blasco.
El anteproyecto de la ley -«basada en la igualdad de todas las personas en derechos como en obligaciones»- recoge medidas en diferentes ámbitos: asociacionismo, participación pública de los extranjeros, educación, asistencia sanitaria, evitar la discriminación, cultura y jóvenes, entre otras.
El artículo 33 de la ley establece «apoyo, información y ayudas» para favorecer el retorno voluntario a los extranjeros que deseen retornar a su país de origen, una iniciativa que coincide con las campañas que los gobiernos rumano y ecuatoriano ya han iniciado en España ante la crisis de mano de obra que atraviesan. En este punto, la Comunidad Valenciana se comprometerá a propiciar la comunicación con las autoridades de su país, ofrecer información sobre las posibilidades de empleo y sobre los derechos que puede haber generado durante su estancia en España en materia de pensiones u otras materias semejantes: «La Generalitat, en su caso, facilitará ayudas para posibilitar el retorno de los extranjeros y de sus familias».
Como señala el preámbulo, este paquete de medidas «tiene como objetivo establecer, por primera vez, un modelo global y eficaz de integración de los extranjeros, que vaya más allá del simple reconocimiento de derechos y que hable de obligaciones, de compromiso y respeto mutuo, partiendo de los valores constitucionales».
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