En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Varela lamentó que hasta ahora sea ‘poco aplicado’ el artículo 316 del Código Penal, que prevé sanciones para aquellas empresas que no aplican los mecanismos de prevención de riesgos laborales que están obligados a tener según la normativa actual.
Concretamente, dicho artículo castiga con penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses a ‘los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física’.
‘Muchas veces como consecuencia de la inobservancia está cantado que se va a producir un accidente’, advirtió el fiscal superior gallego, que insistió en que es necesario intentar sacar todo el partido a la norma penal y adelantarse al resultado de riesgo. TRÁFICO.
Carlos Varela también se refirió a la aplicación del nuevo Código Penal al respecto de las infracciones de Tráfico, sobre la que advirtió de que ‘no es la solución exclusiva para resolver el problema’ de siniestralidad viaria, ya que ‘tiene que ir acompañada de vigilancia y control sobre los infractores’.
‘Si no siguen vigilados no van a modificar su comportamiento’, explicó el que era fiscal jefe del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que hizo hincapié en la relación directa en cuanto a eficacia que existe entre la entrada en vigor de una norma penal y el control con que se aplica.
Además, explicó que la nueva normativa penal ‘plantea dificultades de entendimiento’, por lo que se ha remitido una instrucción orientativa a las fuerzas de seguridad de Tráfico para que sepan ‘a qué atenerse’ en cuanto a la interpretación de esta modificación legal del Código Penal.
Asimismo, auguró que el endurecimiento de la normativa no conllevará un retraso en la resolución de los procesos, ya que ‘la mayor parte de los casos puede ir por la figura del juicio rápido’. En ese sentido, consideró que ‘puede haber un aumento importante de juicios rápidos’ y recordó que ‘si hay conformidad por parte del infractor, se le reduce la condena en un tercio’.
MEDIO AMBIENTE Y PRESTIGE.
Por último, el fiscal superior de Galicia reiteró su preocupación por el retraso en la instrucción del caso Prestige y recordó que ya se dirigió a la Presidencia del TSXG ‘para que hiciese gestiones y reforzase el juzgado para que la causa no se eternice’, entre otros motivos por la avanzada edad del capitán del barco, Apostolos Mangouras.
En ese sentido, concluyó que ‘el problema está encima de la mesa de quien tiene que aportar soluciones’ y, al igual que ya había hecho el presidente del TSXG, Antonio González Nieto, interpretó que el nombramiento de un juez de refuerzo ‘puede ser una figura que puede valer’.
Finalmente, consultado sobre vertidos como el registrado esta pasada semana en Ourense, advirtió de que ‘en temas de saneamiento es necesario establecer una vigilancia permanente y evitar que los medios contaminantes se sigan produciendo’, tras lo cual avanzó que la Fiscalía ultima un trabajo sobre contaminación por vertidos de purines que permitirá ‘tener una radiografía de lo que está pasando’.
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