texto íntegro del documento, afirmó que siempre le invade ‘cierta sospecha frente a toda reforma de las leyes de inmigración porque nacen de una filosofía con la que no estoy de acuerdo’, que pasa porque los países desarrollados consideran al inmigrante como ‘un colchón’ de la economía.
Según Sánchez, el inmigrante ‘es como un muelle que se le deja subir fuerte cuando lo necesitamos y, cuando las cosas se ponen mal, que se vayan cuanto antes’. ‘Las leyes de extranjería e inmigración están fundamentadas todas ellas sobre la defensa de los intereses nacionales y la regulación de la economía y del mercado’, unos principios que, en su opinión, ‘no son los deseables’. El responsable de Migraciones aseguró que no niega que los países desarrollados no tengan obligación de regular los flujos migratorios, ‘pero con otros principios más humanitarios, solidarios y, para nosotros, más cristianos’.
El obispo se manifestó a favor de una ley de extranjería que nazca desde el servicio al prójimo, aunque aseguró que hoy en día no se encuentra una así. Además, se preguntó por qué ningún partido ha tomado el tema de la ayuda al desarrollo como algo prioritario sabiendo que si esta es generosa, posiblemente influiría en la rebaja de las aspiraciones económicas de mejora de los países desarrollados y, entonces, ‘ese partido no saca un voto’.
El obispo concluyó apuntando que el mundo ‘está montado sobre una situación injusta’ en lo que se refiere a la regulación de los flujos migratorios.
El contrato para inmigrantes extracomunitarios que anunció el lunes el Consell ha levantado numerosas críticas, tanto desde el Gobierno Central, a través de la vicepresidenta y del ministro de Trabajo, como desde diferentes asociaciones y colectivos de trabajadores. Un ejemplo se pudo ver durante la manifestación del 1 de mayo, en la que los sindicatos aprovecharon para criticar esta iniciativa de la que de momento se desconoce el método de aplicación, que deberá definirse en un reglamento posterior.
El vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, por su lado, consideró ‘positiva la llegada de un extranjero con su relación laboral garantizada’, e instó al Gobierno a que se instalen ‘cuantos inmigrantes sean positivos’ y con trabajo. También comentó que España ‘tiene las competencias’ y debe ser ‘muy firme y muy exigente’ en este sentido, con el fin de evitar ‘importantes desequilibrios’ en la sociedad.
El vicepresidente explicó que el Consell trabaja en la Ley de Integración de Inmigrantes, una norma que quiere ‘recoger los principios rectores de la integración’ en diferentes ámbitos, como la educación, la vivienda o la sanidad, ‘que afectan a personas desfavorecidas’ en muchos casos, pues han llegado a la Comunitat y ‘no tienen resueltas sus necesidades con la adecuada estabilidad y el adecuado nivel de integración’. También dijo que supone el primer marco legal a nivel autonómico que pretende regular de forma ‘global’ la integración.
‘Lo único que se pretende es dar adecuadas condiciones de vida al inmigrante’, que llega con ánimo de trabajar, ‘algo que agradecemos porque contribuye al desarrollo económico’. Sin embargo, se mostró partidario de que la llegada ‘no se limite a la relación laboral sino que haya una voluntad de participación en nuestra sociedad durante el tiempo que esté aquí’, una voluntad existente en el 99 por ciento de los extranjeros de la Comunitat, según dijo.
Rambla consideró que hay que pedir al Gobierno Central, que ‘tiene las competencias’, que haga un esfuerzo para que lleguen tantos inmigrantes ‘como sea positivo’. El conseller hizo estas declaraciones en relación a la reunión que mantendrá el miércoles el responsable de Inmigración del Consell, Rafael Blasco, con el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, para abordar el citado contrato para inmigrantes.
Al respecto, señaló que ‘no es positivo ni es bueno’ cuando un extranjero llega ‘sin trabajo ni medios’ y ‘sin ninguna capacidad para poder desarrollar una opción de vida’. ‘No es positivo ni para el inmigrante ni para la sociedad española’, sentenció. Rambla indicó que el ‘gran reto’ que tiene la sociedad es el de ‘ser capaces de regular una inmigración que sea positiva también para la sociedad a la que vienen’. De lo contrario, ‘entraremos en una sociedad con importantes tensiones y desequilibrios’.
La del obispo de Sigüenza-Guadalajara no fue la única reacción de ayer. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró que en su autonomía no se hace ningún contrato para los inmigrantes, ya que el compromiso que tienen que asumir ‘es el mismo que el de los que están aquí: cumplir estrictamente las leyes’.
También ayer la asociación Cooperación y Desarrollo con el Norte de Africa, Codenaf, se mostró contraria al proyecto del Consell, al señalar que cuestiona la ‘integridad territorial de España’.
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