El funcionario del Ayuntamiento de Barcelona acusado de estafar a Hacienda más de 800.000 euros entre 1999 y 2003, mediante la liquidación de plusvalías fraudulentas, reconoció haber actuado "por despecho" dada la pasividad del Consistorio ante sus problemas económicos personales.
Durante el juicio, que empezó ayer en la Sección Tercera de la Audiencia de Barcelona, el funcionario municipal Andrés R.H. explicó que actuó movido "por despecho". El procesado dijo que el Ayuntamiento no tuvo en cuenta sus problemas económicos y no lo ratificó en su cargo, pese a haber superado las oposiciones y a la resolución judicial emitida en ese sentido.
Este acusado implicó a un funcionario del Instituto Municipal de Hacienda (IMH) y también procesado, José Luis A.U., ya que fue éste quien le explicó cómo modificar los expedientes sin ser descubierto, por lo que "sin su colaboración no lo podía haber hecho". Sin embargo, señaló que realizaron la estafa de mutuo acuerdo.
Siguiendo las indicaciones de su compañero, Andrés R.H. accedía desde su ordenador al programa informático que se utilizaba para realizar las liquidaciones de las plusvalías, con las claves de otros dos funcionarios, ya que él no tenía acceso dadas sus funciones. Lo hacía por la tarde, fuera de sus horario laboral, y sin fichar.
De esa forma, podía modificar las fechas de adquisición o de transmisión de las fincas, reduciendo sensiblemente la plusvalía que debían pagar los contribuyentes representados por los cuatro gestores y abogados también implicados. Uno de ellos, le entregó unas 300.000 de las antiguas pesetas (1.800 euros).
Andrés R.H. continuó en "solitario" con la estafa después de que el servicio de inspección del IMH detectara irregularidades en la liquidación de una plusvalía y su compañero y otro de los procesados, Florencio T.J., decidieran abandonar. Fue entonces cuando empezó a colaborar con Carlos A.R.C., también imputado.
El otro funcionario niega su implicación
Pese a las declaraciones de Andrés R.H., el otro funcionario municipal implicado negó haber participado en la estafa y aseguró que alguien pudo haber utilizado sus claves para acceder al programa informático que se utilizaba para liquidar las plusvalías.
Además de los dos funcionarios, el tribunal también escuchó los testimonios de otros dos procesados: Eduardo Rafael G.A., que negó su relación con el caso, y Esteban C.B., quien dijo que José Luis A.U. sí modificó la plusvalía que debía pagar un cliente suyo por una finca a cambio de unas 300.000 pesetas.
"Sí sabía que era ilegal, pero en la vida a veces se cometen errores", lamentó Esteban C.B., si bien negó haber participado en la tramitación de un segundo expediente, como sostuvo el fiscal.
Más de 20 expedientes
La Fiscalía mantiene que los dos funcionarios operaron sobre 20 expedientes de distintos contribuyentes en relación con la transmisión de más de 75 fincas urbanas, y calcula que la cantidad defraudada supera los 800.00 euros.
El Ministerio Público imputa a los funcionarios dos delitos continuados de cohecho pasivo y falsedad en documento oficial, y solicita una pena de 12 años de prisión, una multa de 64.400 euros y 18 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Asimismo, pide para el resto de los acusados diez años de cárcel, la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de gestor o abogado mientras dure la condena, y una multa de 61.520 euros, por dos delitos continuados de cohecho activo y falsedad en documento oficial.
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