El pleno del Consell ajusta así a la estructura de la Administración autonómica la reciente actualización del importe de las multas recogidas en la Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social. El vicepresidente primero, Vicente Rambla, indicó que de esta forma se evita que cada vez que el Estado decida elevar o actualizar el importe de las sanciones, la competencia para sancionar pase a un órgano superior.
El decreto contempla cuatro grupos: infracciones en materia de relaciones laborales y de empresas de trabajo temporal; de prevención de riesgos laborales; de empleo por parte de los empresarios, de las agencias de colocación y de los beneficiarios de subvenciones, e infracciones en materia de sociedades cooperativas. En los tres primeros grupos, el conocimiento de las faltas leves y graves compete a los órganos territoriales, y el de las muy graves se distribuye entre la Dirección General, el conseller y el Consell, según el tramo en el que el inspector de trabajo califique la falta. Respecto a las cooperativas, se respetará la regulación contenida en la Ley Valenciana de Cooperativas.
En materia de siniestralidad laboral cabe destacar que la Comunidad es la segunda Autonomía en la que más se ha reducido la siniestralidad laboral en los dos primeros meses del año en comparación con el mismo periodo de 2007, según datos del Boletín de Estadísticas Laborales. En términos absolutos se han registrado 427 accidentes menos que en el primer bimestre de 2007 y si se atiende a los últimos nueve años, la reducción del número de accidentes laborales ha descendido en un 29 por ciento, pasando de 113.628 a 90.945 al año.
Vicente Rambla considera que la implantación de los Planes de Acción Preferentes ha jugado un papel importante en ese descenso. En concreto, el plan previsto para el periodo2007-10 pretende reducir un 25 por ciento el índice de siniestralidad y situarlo en un 4,5 por ciento.
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