El representante Especial de Naciones Unidas sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos, John Ruggie, recomienda en un informe presentado recientemente "promover un nuevo marco normativo internacional basado en la protección, respeto y remedios efectivos, que permita incidir y controlar a las empresas en materia de Derechos Humanos".
Ruggie considera que los órganos internacionales de Derechos Humanos pueden desempeñar un papel "más importante" para el efectivo cumplimiento de las obligaciones estatales de protección frente a la actividad empresarial. Además, asegura que si el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas promueve un marco normativo centrado en "el deber estatal de proteger, la obligación empresarial de respetar, y el fortalecimiento de los mecanismos de reparación para las víctimas" podrá "cerrar la brecha en materia empresarial y de Derechos Humanos".
Otra de las conclusiones del informe es que la "comunidad internacional está todavía en las primeras fases del proceso de adaptación del régimen de Derechos Humanos para proporcionar una protección más eficaz a las personas y las comunidades ante daños ocasionados por empresas".
Asimismo, piensa que la raíz fundamental de los impactos de las actividades empresariales en la situación y vigencia de los Derechos Humanos reside principalmente en "los vacíos de gestión pública creados por la globalización que dificultan la capacidad de controlar los impactos negativos de las fuerzas económicas".
El informe menciona también las Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales, indicando que "sus actuales disposiciones en materia de Derechos Humanos necesitan mayor especificidad" y que sería aconsejable "una revisión".
Por otra parte, el documento de Ruggie proporciona diversas recomendaciones a las empresas para que mejoren sus prácticas de respeto a los Derechos Humanos, y las anima a que adopten una política al respecto, lleven a cabo evaluaciones de los efectos sobre las posibles consecuencias de sus actividades antes de que estas se produzcan, hagan de la política de Derechos Humanos una política integral desde el más alto nivel de la compañía y realicen un seguimiento de su rendimiento.
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