El Gobierno francés aprobó ayer un proyecto de ley que prevé esencialmente la privatización de las actividades de carga y descarga de los grandes puertos, en medio de una huelga que paralizó buena parte de su actividad.
El objetivo de este proyecto de ley, que debería ser tramitado por el Parlamento en junio para ser sometido al voto y promulgado al mes siguiente, es detener la pérdida de cuota de mercado de los puertos franceses en el escenario europeo, según el Ejecutivo.
El secretario de Estado de Transportes, Dominique Bussereau, explicó que mientras el comercio mundial está en plena expansión, la cuota de mercado de los puertos franceses en el tráfico europeo de contenedores se redujo del 11,6% en 1989 al 6,2% en 2006.
Para ilustrarlo con cifras, Bussereau señaló que las siete plataformas portuarias francesas objeto de la reforma (Marsella, Le Havre, Ruán, La Rochelle, Burdeos, Nantes-Saint Nazaire y Dunkerque) tratan juntas 100 millones de toneladas menos que Rotterdam, la mayor del Viejo Continente.
El texto aprobado ayer por el Consejo de Ministros prevé que los trabajadores encargados de las grúas y de los pórticos, que actualmente están contratados por los puertos autónomos, de titularidad estatal, pasarán a depender de las empresas privadas que gestionarán toda la manutención, como ya ocurrió con los estibadores en una anterior reforma de 1992.
El responsable de Transportes aseguró que los 2.000 empleados concernidos no sufrirán ‘ninguna disminución de salario’, una declaración que no sirvió para calmar los ánimos de los huelguistas que prácticamente paralizaron la actividad en los grandes puertos como Marsella (sureste), Dunkerque (norte), Le Havre (noroeste) y Nantes (oeste).
Este paro laboral de 24 horas, después del organizado el pasado lunes, fue convocado por el sindicato mayoritario CGT, que ha amenazado con otras huelgas salteadas.
El proyecto del Gobierno prevé incrementar en 174 millones de euros la inversión en la modernización de los puertos en el periodo 2009-2013 para llegar a una cifra global de 367 millones, lo que significaría doblar lo inicialmente previsto.
A eso se añadirían 75 millones anuales en los próximos cinco años para los accesos marítimos a los puertos, frente a los 50 ahora.
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