Hoy entran en vigor algunas de las medidas contempladas en el ‘plan de choque’ diseñado por el Gobierno para hacer frente a la desaceleración económica, que se aprobaron el pasado viernes en el último Consejo de Ministros, como la deducción de 400 euros en el IRPF y la mejora en el tratamiento fiscal de las rehabilitaciones o de la deuda publica, entre otras.
En concreto, tras la publicación hoy en el BOE del Real Decreto Ley de medidas de impulso a la actividad económica, ha entrado en vigor la ‘medida estrella’ del Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, la deducción de 400 euros en el IRPF para asalariados, pensionistas y autónomos, que pondrá en su bolsillo unos 6.000 millones de euros, el equivalente al 0,9% de la renta disponible de las familias.
No obstante, los beneficiarios tendrán que esperar al mes de julio para recibir en sus nóminas 200 euros más (la cuantía correspondiente a los seis primeros meses del año) como consecuencia de las menores retenciones derivadas de la modificación tributaria, y el resto se repartirá a partes iguales entre las nóminas de agosto y diciembre.
En el ámbito fiscal, también ha entrado en vigor la mejora en el tratamiento tributario de las rehabilitaciones de edificios, al poder recuperar el IVA soportado. Las obras realizadas en un edificio se considerarán rehabilitación cuando su coste supere el 25% del precio de adquisición del inmueble, sin incluir, como hasta ahora, el precio del suelo.
Asimismo, a partir de hoy, mejorará la fiscalidad de la deuda pública y otros instrumentos de renta fija para los no residentes, ya que no tendrán que tributar ni estarán sujetos a retenciones por los intereses percibidos.
El objetivo de esta iniciativa es atraer inversión extranjera, pues España competirá en las mismas condiciones que su principales competidores en los mercados internacionales.
Por otro lado, desde hoy, también se ampliará en 2.000 millones de euros el aval que el Estado concede para la titulización de créditos a las pymes, pasando de 1.000 millones a un total de 3.000 millones. Con esta medida se pretende reforzar el apoyo financiero de los bancos a la pequeña y mediana empresa y reducir los costes a los que éstas se enfrentan.
LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE LA HIPOTECA, OTRO TEMA PENDIENTE
También en materia fiscal, entra en vigor la supresión del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en operaciones de ampliación de plazos hipotecarios, aunque queda pendiente la puesta en marcha de la medida completa que permitirá a todas las familias ampliar sin costes el plazo de amortización de sus hipotecas sobre primera vivienda, reduciendo la cantidad que paga mensualmente al banco.
En concreto, el Gobierno tiene aún que cerrar un acuerdo con las entidades de crédito para poder eliminar las comisiones asociadas a la ampliación del plazo de amortización de las hipotecas, así como promover los acuerdos necesarios para suprimir los gastos registrales y notariales del proceso.
Asimismo, queda pendiente la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio, puesto que el Gobierno no necesita eliminar este tributo de manera inmediata, ya que el año que viene será el primero en el que se dejará de declarar el impuesto.
En esta misma línea, el Gobierno tendrá que poner en marcha en un futuro las devoluciones mensuales de IVA, que tampoco están incluidas en el Decreto Ley publicado hoy debido a que esta medida, que permitirá anticipar a las empresas unos 6.000 millones de euros, no entrará en vigor hasta el año 2009.
Finalmente, el plan de recolocación de desempleados, que tendrá un coste de 201 millones de euros, tampoco está totalmente incluido en el Decreto Ley, aunque si la ayuda extraordinaria de 350 euros mensuales durante un máximo de tres meses a los parados con especiales dificultades de inserción laboral.
Asimismo, el Decreto Ley contempla la ayuda del Gobierno que incluye los gastos de desplazamiento, alojamiento y guardería a aquellos parados que acepten un trabajo que esté, al menos, a 100 kilómetros de distancia de su lugar de residencia.
Las medidas del ‘plan del choque’ del Ejecutivo que quedan pendientes forman parte de un acuerdo del Consejo de Ministros cuyo desarrollo está aún por determinar.
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