Estas iniciativas, pioneras en España, aumentan las prestaciones de la Ley de Dependencia, algo que ha hecho posible que los 64 participantes de ambos proyectos sean más libres, en palabras de Blanca Díaz, una joven de 24 años atada a una silla de ruedas, que gracias a la Oficina de Vida Independiente de Madrid puede ducharse todos los días, estudiar o ir al médico sin restar horas de trabajo a sus padres y sentirse ‘un poco más adulta’, explicó a Efe.
Los asistentes personales les asean y les visten, pero también les acompañan a la oficina, a su centro de estudios, a una entrevista de trabajo o en sus actividades de ocio: ‘es maravilloso poder ir a comprar ropa nueva cuando en el armario tienes prendas de cuando tenías 12 años’, comentó Díaz.
Usuarios y coordinadores de los proyectos afirman que el coste del proyecto, asumido por la Comunidad, en el caso de Madrid (casi tres millones de euros para dos años y medio) y por el Ayuntamiento y la Generalitat en el de Barcelona (casi trescientos mil euros), es viable, y similar al de pagar una plaza en una residencia, una opción que, afirman, fomenta la Ley de Dependencia.
Esta alternativa les impide tener ‘una pareja o una familia’ y les pondría más difícil participar en la vida de la comunidad, aseguró la coordinadora de la Oficina de Barcelona, Nuria Gómez.
Ella afirma que la Ley de Dependencia garantizaría, como máximo, una subvención de tres horas diarias de asistencia y que penaliza a quien quiere trabajar porque, ‘si ganas más, a lo mejor no te dan ni tres horas’.
Díaz señala que la ley ‘puede estar muy bien para un anciano, pero no para un chaval que va a la facultad, que se mueve’.
El objetivo, para ellas, es universalizar estos proyectos, porque el acceso a la asistencia que permita a las personas con discapacidad llevar una vida normal no es una cuestión de caridad, sino un derecho que el Estado tiene el deber de garantizar, como ya hacen países como Suecia o Noruega, añadió Gómez.
El proyecto de Madrid, que arrancó en julio de 2006, atiende a 55 personas con discapacidad física igual o superior al 75 por ciento, más de un tercio que las previstas inicialmente.
Los usuarios definen el número de horas durante el que necesitan a un asistente personal, que no pueden ser más de 16 diarias, aunque la media de solicitadas es de nueve, y reciben una subvención de 10,26 euros cada hora.
Para acceder a ella, es obligatorio trabajar (como hacen 28 usuarios, siete de los cuales encontraron su primer empleo gracias al proyecto), estudiar o buscar empleo.
Dos usuarias pasaron de ‘estar recluidas en una residencia a tener puestos de responsabilidad’, apuntó Díaz, que insiste en que el proyecto está abierto a todos los interesados.
La oficina de Barcelona, en la que participan nueve personas, tiene reglas de funcionamiento similares, si bien allí los usuarios gestionan el proyecto, no hay límite de horas solicitadas, no admite, de momento, nuevas incorporaciones y no requiere trabajar o estudiar, sólo ‘llevar una vida activa’.
Los participantes, al igual que los usuarios de Madrid, eligen a su asistente, un punto que consideran clave: ‘así no pueden imponerme criterios como el de cuándo puedo ir al lavabo, ni horarios, como cuando estaba en una residencia, y si me faltan al respeto puedo despedirlos’, asegura Gómez, de 33 años.
El asistente personal cobrará en torno a los 835 euros al mes por jornada completa y firmará un contrato regulado, afirma Díaz.
Ambos proyectos tienen fecha de caducidad: septiembre de 2008 en Barcelona y diciembre en Madrid, y sus participantes temen que no se renueven con las condiciones actuales.
Hay que esperar al desarrollo de las negociaciones y cómo se conjuga con la Ley de Dependencia, matiza Gómez, pero todo apunta a que las comunidades no complementarán la asistencia mínima prevista por la ley y a que, en lugar de que la nueva normativa aprenda de estas experiencias, suceda lo contrario.
Díaz protesta: ‘no se puede comenzar un proyecto piloto para luego dar marcha atrás’.
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