Los empresarios del sector que atiende a las personas dependientes discrepan en relación con las cifras de creación de empleo a las que se agarra el Gobierno sobre la Ley de Dependencia. Su objetivo es apuntar a este nuevo foco de actividad en servicios sociales, considerado el cuarto pilar del Estado del Bienestar, como posible sustituto de un sector en decadencia como el de la construcción.
El Ejecutivo vende que "unas 100.000" de las 114.384 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social vinculadas al grupo considerado de "actividades sanitarias, veterinarias y servicios sociales" responden, en los últimos doce meses, al impulso generado por la Ley de Dependencia. La patronal del sector no ve las cosas así: defiende que en el año y cuatro meses que la ley lleva en vigor apenas se ha producido un "ligerísimo incremento" en cuanto a la creación de nuevos empleos.
Menos de 6.000 altas
"La rotación es la habitual, la que se venía desarrollando", sostiene el presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), José Alberto Echevarría, consciente de que se trata de un área marcada por la temporalidad.
"Apenas habrán sido 5.800 las nuevas altas reales producidas en el sector en los últimos 12 meses", destaca Echevarría. Esos nuevos empleos sí tienen una localización directa según los datos de la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales.
Se trata de las 5.760 personas que reciben la denominación de cuidadores informales y que optan por atender a su familiar en casa -y no en un centro especializado- con unas prestaciones de 561 euros mensuales (74 euros en concepto de cotización a la Seguridad Social).
Sin embargo, Echevarría reconoce que, desde principios de año, la opción del cuidador informal ha tenido una acogida notable -en especial, en Andalucía-, ya que en enero apenas 1.000 personas recibían estas ayudas. "En el futuro los datos apuntan a que esta cifra se incrementará", resalta la patronal.
La ley , ante la crisis económica
En este punto, entra en juego otra variable. La situación de incertidumbre económica, que Echevarría no duda en calificar de "recesión", incrementará aún más las dificultades para que se implante la ley como estaba previsto. Los empresarios temen que en un momento en el que las familias tengan que ajustarse el cinturón, renunciarán a que sus familiares sean atendidos en centros especializados, sobre todo cuando el 75% de la red es todavía privada.
En este sentido recuerdan que, a día de hoy, hasta un 20% de las plazas residenciales están vacías y, a este respecto, defienden que los 170.000 profesionales que trabajan en el sector -según el último convenio colectivo a 1 de abril- son los necesarios para atender la actual demanda. Aquí ponen sobre la mesa su principal crítica: los 870 millones de euros recogidos en los Presupuestos Generales de este año "no son suficientes".
La patronal es consciente además de que la frase "Que papá se quede en casa" puede convertirse en un habitual ante el recorte de gastos en el hogar que ya es una evidencia, pero aunque se muestra partidaria de que los familiares permanezcan el mayor tiempo posible en sus casas, recuerdan que "ése no es el espíritu de la ley ".
Más quejas
La FED pone encima de la mesa otras dos quejas importantes. Por un lado, el retraso en la implantación de la ley en lo que afecta a los empresarios, es decir, en cuanto al borrador de acuerdo sobre acreditación de centros y servicios -"para saber a qué acogerse", insisten-, así como en el copago de los usuarios que fije cuál va a ser la aportación que el beneficiario va a tener que realizar. Aquí, los empresarios también destacan la importancia del "consenso" entre las comunidades autónomas, sean del color político que sean.
Por otro lado, la patronal llama la atención sobre las ya caducas cifras que se recogen en el Libro Blanco de la ley . Consideran que el número de dependientes en 2015 -año fijado como tope para la implantación de la norma- será entre un 30 y un 40 por ciento mayor de los 1,3 millones de dependientes estimados en un principio.
En cuanto a los importantes cambios que el nuevo Gobierno ha deparado al sector -al pasar de depender del Ministerio de Trabajo a estar englobado dentro del nuevo Ministerio de Educación, Política Social y Deporte- la lectura es positiva. Se trata de un giro que puede llevar a "una mayor profesionalización".
En cuanto a los nombres, Echevarría considera a la ministra del ramo, Mercedes Cabrera, una mujer "muy competente y preparada", y se felicita de que Amparo Valcarce continúe al frente de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad.
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