El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, defendió ayer la necesidad de "orientar y regular" la inmigración para "evitar posibles efectos negativos" y se comprometió a crear un fondo complementario al creado por el Gobierno central para la acogida e integración de los inmigrantes que permita a los ayuntamientos duplicar la cuantía que reciben actualmente por esta vía.
En su discurso en el debate de investidura del presidente de la Junta para la VIII legislatura, Chaves señaló en primer lugar que la inmigración es "una realidad que debemos ver con sentido de la responsabilidad, lo que significa no percibir este fenómeno como un problema sino como una realidad irreversible", en la que se debe "fomentar una inmigración legal y ordenada, ligada al contrato de trabajo".
"En estos años pasados se han dado pasos importantes en la dirección de apoyar la contratación en origen y combatir el trabajo ilegal", recordó el candidato socialista, que señaló que "ahora se trata de seguir avanzando en esa dirección en coordinación con las políticas del Estado y la UE", para lo que se comprometió a "desarrollar programas de formación en origen en colaboración con los países de procedencia de los principales colectivos de inmigrantes de Andalucía".
Para favorecer la "plena integración social, laboral y personal" de la población inmigrante, Chaves anunció programas específicos, en colaboración con Gobierno central y ayuntamientos, que faciliten la empleabilidad de cada colectivo inmigrante y refuerzos en los servicios públicos para asegurar la prestación de servicios en condiciones de calidad en los lugares con mayor presencia de población inmigrante.
En este sentido, el candidato socialista avanzó la creación de un fondo autonómico que complementará al Fondo de Apoyo a la Acogida y la Integración de los Inmigrantes puesto en marcha por el Gobierno de la Nación, de forma que los ayuntamientos dupliquen los ingresos que reciben por esta vía.
Junto a ello, Chaves subrayó la importancia de reforzar la cooperación internacional con los países de origen de la inmigración hasta alcanzar el 0,7 por ciento del presupuesto, dedicando especial atención a Iberoamérica, Norte de Africa y Oriente Medio y Africa subsahariana.
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