Los sindicatos Comisiones Obreras (CC.OO.) y Unión General de Trabajadores (UGT) aseguraron ayer que el pasado viernes, día 11 de abril, pasadas las 15.00 horas y ‘por orden del rector’ de la Universidad de León (ULE), Ángel Penas, se accedió y se sustrajeron ‘todas las pertenencias’ de estas organizaciones en los locales del campus universitario sin su ‘autorización’ ni la presencia de ninguno de sus representantes.
Los efectos sustraídos fueron mobiliario, ordenadores, documentación y efectos personales de los delegados sindicales. Asimismo, se procedió al cierre de los locales y a la ‘manipulación’ de documentos y archivos, según informaron CC.OO. y UGT en una nota recogida por Europa Press.
‘Queremos reseñar la gravedad y posible ilegalidad de estas actuaciones que ponen en riesgo datos confidenciales relativos a los trabajadores de la Universidad de León, entre los que podemos enumerar los siguientes a modo de ejemplo: datos de afiliación, expedientes, denuncias de los trabajadores, escritos de protesta o exámenes de oposiciones. Muchos de ellos considerados de máxima protección por la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal’, puntualizaron.
En este sentido, explicaron que esta actuación ‘viola, al menos’ el artículo 28 de la Constitución Española, así como la Ley Orgánica de Libertad Sindical, el Estatuto de los Trabajadores, los convenios colectivos firmados por esta Universidad y la citada ley de Protección de Datos, entre otras normativas, ‘además de las normas de actuación de buena fe que cabría esperar en un ámbito como el universitario, y más aún de nuestro máximo representante’, precisaron.
Estos hechos, a su juicio, manifiestan la ‘inseguridad’ a la que el Rectorado ‘somete’ a los trabajadores de la ULE en sus puestos de trabajo, ya que ‘no se puede tener la plena confianza de que no se acceda de forma irregular y contraria a la legalidad’ a los archivos y comunicaciones.
‘En este momento, los representantes de los trabajadores no disponen ni de local, ni de medios de comunicación para que puedan desarrollar las tareas que la normativa les encomienda’, indicaron, y anunciaron que se llevarán a cabo actuaciones ante esta situación, en su opinión, ‘de acoso’ a los representantes legales de los trabajadores y ‘de menoscabo’ de los derechos fundamentales.
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