29 de noviembre de 2024
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CC.OO. exige al Gobierno regional el listado de empresas con más siniestralidad y le acusa de «irresponsabilidad y connivencia»

CC.OO. exige al Gobierno regional el listado de empresas con más siniestralidad y le acusa de "irresponsabilidad y connivencia"

El secretario general de CC.OO. de Cantabria, Javier Puente, criticó ayer la actitud "irresponsable" del Gobierno regional en materia de salud laboral y prevención de riesgos por negar a los sindicatos el listado anual de empresas con mayores índices de siniestralidad y reclamó la entrega de dicho documento porque, de lo contrario, la Administración estará siendo "connivente" con esas empresas.

En rueda de prensa, Puente recordó que hace años se alcanzó un acuerdo entre el Gobierno regional (entonces de coalición PP-PRC), los sindicatos e incluso la patronal, que se sumó "a regañadientes", para el seguimiento de las empresas con mayor siniestralidad, una especie de "cuadro del deshonor", en palabras del sindicalista.

Desde entonces, los sindicatos han recibido anualmente ese listado de empresas que superan la media de accidentes laborales de su sector, para así poder actuar a través de sus delegados sindicales y técnicos de prevención. Sin embargo, desde 2006 no han vuelto a recibir el listado en el que, según los datos que maneja el sindicato, había entonces 464 empresas en las que trabajaban unas 17.000 personas y en las que se registraron 3.181 accidentes.

Para Javier Puente, la negativa del Gobierno a facilitarles esa lista, o bien es una "cabezonada" del director general de Trabajo, Tristán Martínez, o bien supone una actitud "connivente" con la que se está "encubriendo" a las empresas y "dejando inermes a las víctimas", los trabajadores.

Aunque el sindicato se ha quejado ya en el seno de las reuniones de Concertación Social, dice haber recibido respuestas en las que le remiten a la Ley de Protección de Datos, algo que el secretario general de CC.OO. considera "ocurrencias y jaimitadas" porque dicha ley "excluye" expresamente a las personas jurídicas y, además, porque existe un informe jurídico del año 2000 -posterior por tanto a la Ley- que si bien "no dice gran cosa" no ha impedido que les facilitaran la documentación todo este tiempo.

También se han reunido con la vicepresidenta regional y consejera de Empleo y Bienestar Social, Lola Gorostiaga, que quedó en hablar con Tristán Martínez, "pero no ha servido para nada", añadió.

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