Los jefes de algunas empresas podrían estar autorizados a espiar los correos electrónicos de los trabajadores sin su consentimiento bajo las nuevas leyes antiterroristas que se están estudiando en Australia, afirmó este lunes la viceprimera ministra australiana, Julia Gillard.
La propuesta está siendo estudiada por el Gobierno para prevenir un ciberataque contra la infraestructura nacional, como la Bolsa de valores, el sistema eléctrico o el sistema de transportes.
"Queremos asegurarnos de que están a salvo de ataques terroristas", dijo Gillard. "Parte de la razón para hacer esto es asegurarnos de que tenemos la capacidad correcta para asegurarnos de que podemos ver si hay algo inusual en el sistema", afirmó.
La propuesta ha enfadado a varios sectores que consideran que puede ser abusiva.
"Nuestra preocupación es que, si se dan esos poderes, es más probable que sean usados para espiar y realizar cazas de brujas en lugar de para proteger a Australia de algún tipo de ciberataque", afirmó Dale Clapperton, presidenta del organismo de vigilancia de los derechos en internet Electronic Frontiers Australia, en declaraciones a la radio ABC.
Gillard defendió la propuesta afirmando que estaba pensada para asegurar que las compañías australianas estaba a salvo de un ataque terrorista por internet.
"Es algo para la seguridad nacional, no se trata de un interés en los correos privados de la gente", afirmó.
La Telecommunications (Interceptions) Act permitía solamente que los e-mails de los trabajadores fueran controlados por agencias de seguridad.
El fiscal general, Robert McClelland, en una entrevista con The Sydney Morning Herald, dijo que era necesario extender a las compañías privadas la medida para proteger las infraestructuras del riesgo de un ciberataque.
McClelland aseguró que consultaría con expertos en privacidad y sindicatos antes de introducir la ley, que el Gobierno espera poner en marcha a mediados de 2009.
El encargado del Consejo Australiano de las Libertades Civiles, Terry O’Gorman, dijo a la radio nacional que las leyes existentes aportan suficiente protección contra el terrorismo.
"Hemos pasado tantas leyes en nombre de la lucha contra el terrorismo que estamos en serio peligro de perder el equilibrio entre dar a los servicios de inteligencia suficientes poderes para luchar contra el terrorismo mientras al mismo tiempo se mantienen las largas y apreciadas libertades civiles", consideró.
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