El equipo de Solbes tendrá como objetivo mitigar la desaceleración económica

El equipo económico que volverá a dirigir Pedro Solbes inicia la legislatura con la necesidad de acometer medidas urgentes para afrontar la desaceleración y ayudar a sectores como el de la construcción, así como a los hogares más desfavorecidos por la subida de las hipotecas y la inflación.

Sólo habrá que esperar unos días, hasta el Consejo de Ministros del 18 de abril, para que se aprueben las primeras actuaciones, como la prometida deducción de 400 euros en el IRPF para pensionistas, asalariados y autónomos.

Además Economía quiere facilitar a las familias con ‘especiales dificultades’ el que puedan ampliar el plazo de pago de su hipoteca.

Construcción, en crisis de inversión y empleo

En este proceso de desaceleración más fuerte de lo esperado, los mayores quebraderos de cabeza los da el sector de la construcción, que tras ser el motor del crecimiento en los últimos años registra fuertes caídas en inversión y en empleo.

Para ayudar a este sector, se rebajará la carga fiscal de la rehabilitación, se acelerará la licitación pública y se ampliará el aval público de los bonos de titulización de las viviendas de protección oficial.

Además, el Gobierno pondrá en marcha un plan para recolocar a los parados del sector de la construcción y reforzará la cobertura por desempleo, además de impulsar las obras públicas para contrarrestar la pérdida de actividad inmobiliaria.
 
Ante esta coyuntura, el propio Solbes ha advertido de que podría echar mano en esta legislatura del superávit conseguido en los tres últimos ejercicios y entidades como el Banco de España o el BBVA auguran ya que España volverá a incurrir en déficit en 2009, debido a la moderación de ingresos y que traerá consigo la menor actividad y al aumento del gasto público necesario para afrontarla.

Estas mismas instituciones, y otras como el FMI, han reducido drásticamente las previsiones de crecimiento para España, que el Fondo rebaja hasta el 1,8 por ciento para este año, mientras el Gobierno esperará a julio para cambiar su estimación oficial, que aún está en el 3,1 por ciento, aunque ya ha admitido que será inferior.

Creación de 2,2 millones de puestos de trabajo en 4 años

Otro reto, difícil en los tiempos que corren, es el de crear 2,2 millones de empleos en los próximos cuatro años, como prometió el PSOE en campaña tras reconocer que no se podrá repetir una cifra como la de la pasada legislatura, de tres millones de nuevos puestos de trabajo.

Otra de las obsesiones económicas es frenar el galopante déficit comercial, que en enero se situó en 9.152,1 millones de euros, el 20,1 por ciento más que en el mismo mes de 2007.

El continuo aumento de la inflación en los últimos meses también preocupa a Economía, que empieza a dudar de que la mejora comience en primavera, tal y como auguró en el tramo final del pasado año, debido a que la evolución del precio del crudo no ha transcurrido por los cauces que esperaba el Ejecutivo.

Además de encarar la desaceleración, que según el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, supondrá dos años de momentos ‘menos favorables’, Solbes no quiere salirse del guión y asegura que continuará con una política económica encaminada a aumentar la productividad.

Por eso, siempre que la coyuntura lo permita, Economía pretende seguir aprobando presupuestos centrados en la mejora del capital humano -Educación-, físico -Infraestructuras- y tecnológico -I+D+i-, sin olvidar el gasto social.

Asimismo, el Ministerio deberá afrontar la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica, que algunas comunidades vinculan a la publicación de las balanzas fiscales, que explican el dinero aportado por cada comunidad autónoma al Estado y el recibido de éste.

Zapatero se ha comprometido a publicar antes de dos meses las balanzas fiscales, aunque Solbes ya ha advertido de que no influirán en la negociación con las autonomías.

Además, en esta legislatura se debe trasponer la Directiva europea de Servicios, que afecta a 4.500 normas de las tres administraciones españolas que deberán modificarse en mayor o menor medida para adaptar esta nueva normativa europea.

De ello se encarga ya un grupo de trabajo dirigido por Solbes, que ha identificado las normas que van a tener que adaptarse -en su mayor parte son económicas- y que en muchos casos son competencia de las comunidades autónomas.