A pesar de que la legislación nacional en vigor prohíbe el trabajo infantil, en la práctica no existe ninguna institución para combatir esta lacra. Además, el Ministerio de Trabajo de Madagascar sólo cuenta con 77 inspectores en esta materia.
La CSI también denuncia que la entrada en vigor de una nueva ley sobre las zonas francas industriales de Madagascar, aprobada el pasado mes de enero, que limita los derechos de estos trabajadores en comparación con los de otros sectores.
Asimismo, el informe hace alusión a otra legislación que impide el ejercicio efectivo del derecho de sindicalización y de negociación colectiva para los trabajadores del sector público, el pesquero y de las pymes.
Ante esta situación, el informe de la CSI realiza una serie de recomendaciones al gobierno de Madagascar para corregir el incumplimiento de estas normas fundamentales, contempladas por la OIT, entre las que destacan la promoción de políticas eficaces que puedan abordar las principales deficiencias del país en el ámbito laboral y social.
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