La Consejería de Administración Autonómica y los sindicatos CCOO, UGT y CSI-CSIF firmaron ayer un acuerdo para abordar la tercera modernización de la Administración regional que afecta a 87.000 funcionarios y que prevé, entre otras medidas, avanzar en la estabilidad en el empleo e impulsar los sistemas de selección y provisión de puestos de trabajo, según explicó la consejera del ramo, Isabel Alonso.
Alonso resumió que el acuerdo asume cinco retos: la renovación del actual marco normativo; la ordenación y distribución del capital humano; el impulso de la carrera profesional; la mejora de las condiciones de trabajo y empleo, y las relaciones laborales y la negociación colectiva. Todos ellos dirigidos a impulsar políticas que consideren «a los recursos humanos como el factor clave y que cuenten con la implicación de los empleados públicos».
En el primer apartado, se establece que se marcarán los criterios esenciales para reddactar un borrador de proyecto de una nueva Ley del Empleado Público.
En cuanto a la ordenación y distribución del capital humano, el documento fija que se impulsarán criterios y medidas de ordenación para garantizar la profesionalidad del empleado público, así como otros para avanzar en la estabilidad y calidad en el empleo y para impulsar la periodicidad de los sistemas de selección, provisión de puestos de trabajo y promoción interna.
En este capítulo también figura la realización de un estudio sobre la incidencia de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, o la protección de las empleadas públicas víctimas de la violencia de género, entre otras medidas.
El documento rubricado por Alonso y los representantes sindicales contempla un plan de calidad para la prevención de riesgos laborales, un estudio para la revisión del sistema retributivo y actuaciones adicionales de conciliación de vida familiar y laboral.
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