Fuentes de la Conselleria, que es depositaria de esta competencia administrativa que es obligatoria, vinculan directamente esta situación puntual con el creciente número de obreros de la construcción que se quedan en el paro tras finalizar su contrato temporal, por obra o servicio o por circunstancias de la producción y que deciden constituirse como pequeños empresarios o simplemente como trabajadores por cuenta propia o autónomos.
El registro de aperturas de centros de trabajo no ha notado lo más mínimo la supuesta crisis económica que sufre la provincia y que se viene exteriorizando, básicamente, en la caída de venta de viviendas y en la reducción del empleo en la edificación y todos los sectores auxiliares.
Desde que se ha iniciado el año, la cifra de las solicitudes de aperturas de centros laborales ante la Administración autonómica se ha mantenido prácticamente inalterable. Las altas en dicho registro siguen sumando, como el pasado ejercicio y el anterior, una media de 1.000 mensuales, según las fuentes laborales consultadas por este diario.
La inscripción de la apertura de un centro de trabajo en una vivienda habitual no guarda ilegalidad alguna, pero sí una «anormalidad administrativa», ya que hasta ahora no se había comprobado este fenómeno en la provincia. Cualquier empresa o actividad, incluidas las autónomas, están obligadas por ley a causar alta en un registro de centros de trabajo, como también en otro listado a efectos fiscales.
El incremento del paro se está produciendo de forma incesante en el sector de la construcción alicantino, como viene informando este diario. Sólo en el último mes de marzo, el aumento ha sido de 822 demandantes de empleo. La cifra global llega ya a 15.335, 5.742 parados más que hace un año, lo que fue resaltado hace unos días por los sindicatos mayoritarios CC OO y UGT para valorar las cifras del desempleo. No obstante, las plantillas fijas de las constructoras y las promotoras se mantienen intactas en la Costa Blanca. Desde inicios del año, apenas dos pequeñas constructoras (una de ellas experta en los movimientos de tierras y demoliciones) han presentado expediente de regulación para extinguir o suspender los contratos de sus empleados, por lo demás menos de cinco en la plantilla.
A futuro
Fuentes laborales creen que el repunte de los expedientes de regulación de empleo llegarán, en su caso, en meses venideros, cuando finalicen los proyectos que se están ejecutando en estos momentos. En esta misma línea se manifestó hace dos días el presidente de la patronal Coepa, Modesto Crespo, al ser preguntado por este hecho. Crespo relativizó, a día de hoy, la crisis en la construcción y dijo que «aún sigue generando mucho empleo», precisamente porque, como bien destacó el representante empresarial, el proceso de edificación se prolonga durante tres años y hay numerosos proyectos pendientes de finalización. A nadie se le escapa, y mucho menos a los promotores, más incluso que a los constructores, que el stock actual de pisos en la provincia se eleva a 52.732 unidades construidas en los últimos dos años y medio.
El inmovilizado que le causa a los promotores de viviendas (que a su vez retrasan pagos a los constructores, en algunos casos) supera los 12.900 millones de euros.
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