Ante el inicio de las conversaciones, las federaciones de enseñanza de COO y UGT hicieron público este miércoles un comunicado en el que recordaron que de acuerdo con la actual Ley Orgánica de Enseñanza (LOE) se permite la modificación legal del horario escolar tal y como se afirma en su artículo 120.4 y recordaron que "la normativa que regula la actual jornada escolar en la Comunitat es de 1998, está obsoleta y no posibilita la conciliación familiar y laboral del conjunto de usuarios del sistema educativo valenciano".
Asimismo, argumentaron que hay 14 comunidades autónomas de un total de 17 que han legislado la flexibilización de su jornada escolar con diferentes modelos y posibilidades y que los trabajadores de la enseñanza de la Comunitat "han expresado sentirse discriminados respecto a otras autonomías que cuentan con esta posibilidad y han mostrado su interés ante una posible flexibilización de la jornada".
Por ello UGT y CCOO defienden la implantación de un nuevo marco legal que posibilite la flexibilización del modelo de jornada, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones mínimas, que pasan por que los profesores de un centro educativo sostenido con fondos públicos deben tener la posibilidad jurídica y un marco administrativo definido para solicitar la modificación de su jornada laboral, como cualquier trabajador de cualquier sector laboral de este país.
Asimismo, consideraron que es necesario establecer y diferenciar los tipos de horarios que se producen en los centros educativos y subrayaron que el modelo planteado pretende "un nuevo impulso en la autonomía de los centros y avanzar en un nuevo marco de participación y colaboración con las familias".
De igual modo, insistieron en que lo que se plantea es un modelo de jornada escolar consensuada para que cada comunidad educativa tenga la posibilidad de elegir, ya que "no se trata de obligar o imponer una modalidad uniforme de jornada para todos los centros, sino de posibilidad por decisión mayoritaria del conjunto de cada comunidad educativa".
Advirtieron de que la implantación de un nuevo modelo de jornada escolar consensuada "no puede suponer en ningún caso la pérdida de alguno de los servicios que oferten actualmente los centros educativos, como el transporte y el comedor escolar" y que la elección de una determinada opción podrá ser reversible a petición de la comunidad educativa.
La propuesta, prosiguieron, debe partir de una iniciativa de dos tercios del Consejo Escolar del Centro, que planteara un proyecto que será sometido a un referéndum para que las madres, padres y tutores consensuen los cambios que se pretendan en cada centro y que deberá ser aprobada por un mínimo del 70% de los votos.
El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l´Ensenyament del País Valencià (STEPV-Iv) calificaron de "cínica" la advertencia de la administración de que si no hay consenso en la comunidad educativa -en referencia a la oposición de algunas asociaciones de padres y madres- no regulará la jornada continuada y mantendrá la jornada partida actual porque "raramente la Conselleria cuenta con el consenso de toda la comunidad educativa en sus actuaciones".
STEPV recalcó que "no pide que la jornada continuada sustituya la actual jornada partida, sino que se ofrezca a los centros educativos como otra opción de organización del tiempo escolar, que los debe permitir escoger entre la que considero más oportuna para las necesidades de toda la comunidad educativa".
"Nunca se ha pretendido imponer un único modelo de jornada -que es el que hay ahora- sino aportar nuevas salidas desde el ámbito escolar a la complejidad de la sociedad actual", incidieron.
Al parecer del sindicato, "hay que debatir esta propuesta en el claustro, pero, sobre todo, con los padres y las madres, las administraciones locales, el alumnado y los consejos escolares". Al respecto, añadieron que "la modificación de la jornada debe contar con la voluntad mayoritaria de todos los sectores implicados" y resaltaron que "existen experiencias en la mayor parte de los territorios del Estado que demuestran que es posible y realista conjugar todos los intereses y que la solución no puede ser la uniformidad, sino la capacidad de decisión de cada comunidad escolar, de cada centro, en el ejercicio de su autonomía de decisión".
Movilizaciones
Por su parte, CSI-CSIF, que ha anunciado que se movilizará mañana a favor de la implantación de esta jornada, aseguró que hay que "aclarar los aspectos confusos de la jornada continua con el fin de que sean los padres, con todos los datos en la mano, quienes decidan qué es lo que quieren para sus hijos".
Así, respecto a la "supuesta imposición" de esta jornada, el sindicato sostuvo que "no habría tal, ya que reivindicamos la opción de que los centros puedan elegir, entre jornada partida o continua, en función de lo que decidan en Consejo Escolar los padres y profesores".
Del mismo modo, CSI-CSIF subrayó que "en caso de que elijan que quieren jornada continua, un derecho que por ley se tiene en todo el país menos en la Comunitat, Cataluña y Aragón, podrán probar, es decir, hacerla durante un curso y evaluar hasta qué punto ha beneficiado al rendimiento escolar de sus hijos, y cómo ha contribuido a la conciliación de su vida laboral y familiar". "Y si no están de acuerdo pues de nuevo al horario normal, si bien, en todas las Comunidades donde se ha implantado ha sido un éxito", matizaron.
Asimismo, la entidad quiso "desmentir falsas creencias como que este horario costará dinero a los padres, les hará recoger a sus hijos antes, o disminuirá su rendimiento escolar". Según CSI-CSIF, "todos estos argumentos son falsos y responden al desconocimiento".
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